Auditoría sí, pero aquí no: del silencio del PP sobre Angrois a los retrasos "catastróficos" en el AVE

Como "catastrófico" definió el accidente de Angrois la sentencia que el pasado 26 de julio condenó a un cargo de Adif —y a esta empresa pública como responsable subsidiaria— al mismo nivel que al maquinista del tren Alvia, Francisco José Garzón Amo, por la muerte de 79 personas en 2013. Diez meses después, el equipo de Alberto Núñez Feijóo al frente del PP nacional sigue sin querer valorar las implicaciones de esa sentencia para los ferrocarriles españoles. Pero ahora, tras los retrasos ocasionados por el robo de cable en el AVE Madrid-Sevilla, la misma dirección estatal del partido sí considera necesario realizar una "auditoría del sistema ferroviario". Los populares lo califican de "catastrófico".

La sentencia por el accidente de Angrois, calificado de forma técnica por la justicia como "catastrófico", no suscitó reacciones ni en el PP ni en el actual Ministerio de Transportes. Silencio que se puede explicar por el hecho de que la condena del cargo de Adif, Andrés Cortabitarte, al mismo nivel que la del maquinista, tumbó la versión oficial de que todo se debió a un error humano del conductor, lo que permitió desviar el foco de atención de la entonces ministra, la popular Ana Pastor, y de su antecesor, el socialista José Blanco. 

Si durante el mandato de Blanco se puso en servicio la línea Ourense-Santiago con una configuración distinta a la inicialmente prevista, lo que acabó mermando su seguridad, durante el mandato de Pastor se desconectó a bordo de los trenes el sistema de control constante de la velocidad que podía paliar los despistes del maquinista. Además, pese a las promesas de colaboración con la investigación, el Gobierno de Mariano Rajoy la obstaculizó y maniobró, incluso ante la UE, en defensa de su versión oficial de que la culpa fuera solo del conductor.

La sentencia no atribuyó responsabilidades políticas, pero el cargo de Adif condenado ocupó su puesto de libre designación tanto con el el PSOE como con el el PP y fue mantenido por los socialistas en otro cargo a dedo hasta mayo de 2021. Además, su sucesora como directora de Seguridad Vial, Esther Mateo, defendió en el juicio la actuación de su antecesor destacando lo segura que era la curva donde ocurrió el accidente.

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En este contexto, ni el actual Ministerio de Transportes ni la dirección nacional del PP de Feijóo han querido valorar hasta ahora, en más de diez meses, las repercusiones de la sentencia sobre el sistema ferroviario español. En el caso de los populares, la respuesta obtenida ante una consulta directa de Praza.gal fue que tienen "otras prioridades", incluso en el sector ferroviario, para "criticar a Pedro Sánchez".

Esta estrategia del PP ha quedado patente en los últimos días después de los retrasos provocados a numerosos trenes por el robo de cables registrado el pasado domingo 4 de mayo en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, un incidente en el que, para el Partido Popular, el Gobierno de Sánchez dejó "tiradas" a miles de personas. Según Feijóo, que calificó lo sucedido como una "crisis de enorme magnitud", considera que "hace unos años un retraso en la alta velocidad o un incidente masivo era noticia, hoy lamentablemente ya no lo es".

Por ello, los populares exigen "la comparecencia urgente del ministro Óscar Puente, la elaboración de una auditoría de toda la red ferroviaria y el pago de indemnizaciones a los usuarios afectados por el caos". Porque, dice el PP de Feijóo, la alta velocidad en España pasó de ser "un servicio modélico" a convertirse en un "modelo catastrófico".