Los hombres, la presunción de inocencia y la presunción de no-culpabilidad

El razonamiento utilizado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en su sentencia sobre el caso Alves al diferenciar entre credibilidad, fiabilidad y veracidad resulta muy interesante para entender los elementos que utiliza una sociedad androcéntrica a la hora de construir sus argumentos.

Al final, como demuestra el propio tribunal en su valoración de las pruebas, todo obedece al modo de interpretar los elementos objetivos que aparecen como consecuencia de la investigación, y al significado que se otorga a cada uno de ellos, bien integrándolos en un posible contexto criminal o apartándolos para dejarlos fuera de él. Por eso otro tribunal, la Audiencia Provincial de Barcelona, ante los mismos hechos llegó a una conclusión completamente distinta.

El problema no es la diferente conclusión alcanzada, eso forma parte del sistema judicial y ocurre a diario en multitud de recursos. El problema reside en no ser consciente de los elementos que influyen en la valoración, y el peso de una construcción cultural que todavía hoy hace que solo se denuncie el 8% de las agresiones sexuales, y que el porcentaje de condenas de los casos denunciados sea muy bajo, todo lo cual se traduce en impunidad para los violadores y agresores sexuales. Y eso obedece a razones.

Desde el punto de vista científico-técnico es muy difícil entender que el desarrollo y el conocimiento alcanzado dentro de los campos de la Medicina Forense, la Criminalística, la Criminología, la Psiquiatría, la Psicología, el Trabajo Social… sea insuficiente para investigar las agresiones sexuales, y resulte tan útil para esclarecer otros delitos en los que el peso de los factores sociales y culturales es mucho menor. No tiene sentido que ante el homicidio de una mujer ocurrido en la intimidad, que no cuenta con el testimonio de la víctima asesinada, el porcentaje de condenas sea más elevado que en los casos de violencia sexual, donde además de los indicios se tiene el relato de la víctima sobre los hechos.

Ante estas circunstancias, lo primero que debemos entender es que el peso de los factores socio-culturales es tan alto que influyen sobre las propias víctimas de la violencia sexual y limitan las denuncias, como recoge la Macroencuesta de 2019 cuando refieren no denunciar por miedo al agresor (23,5%), vergüenza (40,3%), miedo a no ser creída (36,5%) y otras razones. Y esos factores que inciden sobre las víctimas en ese sentido también están presentes en los operadores que forman parte de la investigación (policía, medicina forense, judicatura, ministerio fiscal…), pues pertenecen al mismo contexto socio-cultural, y actúan para explicar lo ocurrido sobre los prejuicios relacionados con la violencia sexual.

La subjetividad individual, en consecuencia, viene definida en gran medida por la construcción socio-cultural que impregna la realidad de una mirada común androcéntrica, y lleva a una “credibilidad” cargada de mitos y estereotipos sobre lo que se dice que es la violencia sexual, el agresor que la comete y la víctima que la sufre. A partir de esa imagen o idea previa, la “fiabilidad” se verá reforzada o cuestionada según los hechos encajen en todo lo que se cree que es una violencia sexual. De manera que la “veracidad” final dependerá de si la valoración de las pruebas considera que el testimonio de la víctima es fiable o no según se ajuste a lo que se piensa que es la violencia sexual, no a lo que realmente es.

Y en este proceso hay dos elementos claves que no se suelen relacionar, cuando uno lleva al otro de manera directa. Si se establece como referencia social que las mujeres son malas y perversas hasta el punto de denunciar falsamente a los hombres, en consecuencia se asume que los hombres son buenos e inocentes y se convierten en víctimas de esa maldad de las mujeres.

No hay una sin otra, y si la primera asunción es incuestionable a raíz de lo que se comprueba a diario, lo segundo es una derivada directa habitualmente obviada, cuando en la práctica actúa como pivote sobre el que gira la respuesta ante los diferentes casos denunciados.

Mientras que se reivindica y clama al cielo en defensa de la presunción de inocencia de los hombres acusados por las mujeres, no se duda en negar la presunción de inocencia de estas al hacerlas responsables de un delito de denuncia falsa

Bajo este marco se produce una consecuencia muy objetiva y clarificadora, y es que mientras que se reivindica y clama al cielo en defensa de la presunción de inocencia de los hombres acusados por las mujeres, no se duda en negar la presunción de inocencia de estas al hacerlas responsables de un delito de denuncia falsa. Ni presunción de inocencia ni “in dubio por rea”.

Pero no es la única consecuencia, hay otra más y de gran trascendencia práctica desde el punto de vista social y jurídico: a las mujeres se les niega la presunción de inocencia, y a los hombres le añaden un principio específico en su defensa, el “principio de no-culpabilidad”, que surge como consecuencia de la idea de “culpabilidad” de las mujeres por denunciar falsamente.

Al final se observa cómo los hombres acusados por violencia de género en cualquiera de sus formas cuentan con tres niveles de protección:

Todo ello parte de la subjetividad creada por la cultura y su normalidad. Sin estos elementos no se podría dar significado a lo ocurrido para que encaje en el marco socio-cultural que le da sentido desde su doble referencia: las mujeres son malas, perversas y autoras de delitos de denuncias falsas, y los hombres son inocentes, y si hay duda sobre ello entonces son no-culpables.

Lo terrible es que a la postre resulta más probable que condenen a un violador que asesine a la víctima que al mismo violador si la mujer sobrevive a la agresión, pues el relato de la mujer generará más dudas sobre la veracidad de lo ocurrido que su silencio. Es lo que nos agita al pensar qué hubiera ocurrido si José Enrique Albuín, el chicle, no hubiera asesinado a Diana Quer, o si lo habrían condenado por la violación de su cuñada cometida 11 años antes.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.