El Gobierno rescinde de manera unilateral el contrato para la compra de balas a Israel

El ala socialista y Sumar han acordado este jueves rescindir de manera unilateral el contrato de compra de munición a la empresa israelí IMI Systems, según avanzan fuentes del Gobierno a infoLibre. El pasado miércoles se formalizó el contrato con Guardian Homeland Security S.A, que representa a compañías del Estado judío en España, para la compra de 15,3 millones de balas por un importe que supera los 6 millones de euros para la adquisición de cartuchería 9 x 19 milímetros Parabelum Nato para la Guardia Civil.

Así lo aseguran desde Moncloa tras haber agotado todas las vías negociadoras la Presidencia del Gobierno, la Vicepresidencia Segunda y los ministerios competentes. Las citadas fuentes explican que la Junta de inversión de material de doble uso denegará a dicha empresa el permiso de importación de este material a nuestro país por razones de interés general y, acto seguido, el Ministerio del Interior rescindirá el contrato.

El Gobierno precisa que la Abogacía del Estado y los ministerios competentes ya están estudiando posibles reacciones legales y reclamaciones. Asimismo, recalcan que "los partidos del Gobierno de coalición progresista están firmemente comprometidos con la causa Palestina y la paz en Oriente Medio. Por esto, desde el 7 de octubre de 2023, España ni compra ni vende armamento a las empresas israelíes. Ni lo hará en el futuro".

El Ejecutivo traslada el mensaje que los procesos de compra que siguen abiertos se iniciaron antes de dicha fecha y, los que sean armamento, no se van a ejecutar.

El contrato de la "vergüenza"

Interior adjudicó en febrero otro contrato de 300.000 euros a la empresa israelí de las balas

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Este contrato ha supuesto la mayor crisis interna del actual Gobierno de coalición. Incluso la federación de IU llegó a amenazar con salirse del Gobierno si no se revocaba este contrato. Desde el miércoles la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha negociado directamente con la Presidencia del Gobierno y con el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para echar atrás ese contrato, que consideraban un incumplimiento de los acuerdos dentro del Ejecutivo.

La vicepresidenta segunda celebró este jueves la rescisión del contrato de "la vergüenza": "Hemos sido claras desde el principio y lo hemos hecho. Nuestro compromiso con los derechos humanos es inamovible". Destacó que se ha revocado una firma que "vulneraba la legalidad internacional".

"El compromiso con el pueblo palestino es absoluto. No hay relativismo en la defensa de los derechos humanos y de la legalidad", manifestó la también ministra de Trabajo, que lanzó: "El Gobierno de España no hace negocios con un gobierno genocida, que está masacrando al pueblo palestino".