Interior adjudicó en febrero otro contrato de 300.000 euros a la empresa israelí de las balas

El Ministerio del Interior otorgó a comienzos de año otro contrato a la misma empresa israelí a la que ha terminado comprando quince millones de balas pese a su promesa inicial de no hacerlo. La Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad adjudicó a finales de febrero a Guardian Homeland Security SA, representante en suelo español de los principales fabricantes armamentísticos del país hebreo, parte de una licitación para el suministro de material de protección personal para la Guardia Civil. En concreto, el lote relativo a la adquisición de placas balísticas, por el que se desembolsará 319.331,10 euros. Un contrato que, al igual que ocurrió con el de la adquisición de munición, quedó formalizado la pasada semana.

Las relaciones comerciales con Guardian Homeland Security han terminado abriendo una crisis dentro del Gobierno de coalición. A finales de octubre, el Ministerio del Interior se comprometió a rescindir el contrato de más de casi siete millones de euros que se había adjudicado a la empresa armamentística para la compra de cartuchería dirigida a la Guardia Civil. Pero medio año después, la cartera que dirige Fernando Grande Marlaska ha acabado culminando la compra después de que la Abogacía del Estado le haya dicho que no hay "cauce jurídico" para anular el contrato en una fase tan avanzada de la tramitación –ya estaba adjudicado–. Pese a ello, Sumar exige la "cancelación inmediata". E IU ha llegado a plantear la posibilidad de una ruptura de la coalición, aunque luego ha suavizado su postura.

Cuando anunció su intención de rescindir aquel contrato, Interior adelantó que "otras empresas israelíes" serían excluidas como licitantes "en otros expedientes de adquisición de armamento". Pero eso no impidió que Guardian Homeland Security se hiciera meses después con otro contrato más de Interior. En este caso, la licitación no era de balas, pistolas o fusiles, sino que giraba en torno a la adquisición de prendas de vestir de protección para miembros del Instituto Armado. El contrato se dividía en un primer lote de placas balísticas nivel IV y un segundo de chalecos antibalas de alta flotabilidad. Un material que, según consta en la memoria justificativa, iba destinado a las unidades operativas que prestan servicio en el Campo de Gibraltar.

El segundo lote quedó desierto. No así el primero, al que se presentaron media decena de empresas. Pero tras realizar un análisis de las muestras que habían sido facilitadas, se consideró que solo el material de Guardian Homeland Security cumplía con los requisitos. De esta manera, el 28 de febrero se hizo pública la adjudicación a la firma armamentística. Y hace una semana se incorporó la formalización del contrato al Boletín Oficial del Estado (BOE). El precio del mismo, según se recoge en la documentación que consta en el expediente administrativo, asciende a 319.331,10 euros, impuestos incluidos.

Este diario se ha puesto en contacto con el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska para saber por qué se adjudicó el contrato a dicha compañía cuando el Ejecutivo llevaba meses intentando rescindir el de las balas y se había comprometido a excluir como licitantes a firmas israelíes "en otros expedientes de adquisición de armamento". "Se trata de una compra de chalecos antibalas que no se considera sujeta al compromiso de no suscribir contratos de compraventa de armas con empresas israelíes", explican a infoLibre fuentes del Ministerio del Interior.

Tres empleados y más de dos millones anuales de facturación

No es la única venta de material de este tipo para la Guardia Civil en los últimos meses. El pasado noviembre, pocos días después de que la compra de balas pusiera en una situación comprometida a Interior, esta firma se hizo con otra licitación para el suministro de placas balísticas a unidades del Instituto Armado destacadas en misiones internacionales de mantenimiento de la paz. El importe de la adjudicación ascendió entonces, con impuestos, a 249.840 euros.

La relación de Guardian Homeland Security con las administraciones públicas viene de lejos. Sólo en los tres últimos años, según la información que consta en el Portal de la Contratación Pública, esta firma se ha hecho con más de una veintena de contratos por un valor que supera los 11 millones de euros. El más importante es el de las balas, que supera los seis millones de euros. Entre sus principales clientes destaca la Guardia Civil, que además de munición le ha comprado en los últimos años expansores hidráulicos, fundas de arma o pistolas. Pero también el Ministerio de Defensa o el Cuerpo Nacional de Policía. Y ayuntamientos repartidos por todo el territorio, desde el de A Coruña a Santa Cruz de Tenerife.

La empresa se define en su página web como "líder mundial en soluciones de seguridad y defensa". Y dice representar en nuestro país a "los principales fabricantes" del Estado hebreo de "material policial y militar". Se constituyó en el año 2006 como filial española de la israelí Guardian Ltd, cuyo presidente es el teniente general retirado Yom Tov Samia, quien fuera jefe de la región sur del país –que incluye la Franja de Gaza y la frontera con Egipto–, según se especifica en un publirreportaje de 2008 alojado en la página web de la compañía. Como administrador de la misma figura Ilan Arzooan, quien como funcionario israelí hizo en su día labores de escolta para el exministro socialista Miguel Ángel Moratinos.

En 2023, y con solo tres empleados, la compañía facturó 2,26 millones de euros, según las cuentas consultadas por este diario, frente a los 2,92 millones de euros del ejercicio anterior. Aquel fue el año de los ataques terroristas de Hamás. Y de la posterior ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, que ha quedado reducida a escombros. Una invasión que, según publicó en su momento La Marea, utilizaba la empresa como promoción en sus redes sociales, con imágenes mostrando prisioneros palestinos desnudos o encapuchados, o vídeos del asalto al hospital Ibn Sina de Jenin, donde fuerzas israelíes ejecutaron a palestinos heridos asegurando ser miembros de grupos armados.