El 'caso Air Europa' y la imputación del delegado del Gobierno reavivan la guerra de Peinado contra el fiscal
Miércoles, 24 de abril de 2024. Un breve correo electrónico pone patas arriba la agenda política nacional. Son las 9.21 horas. Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) comunica oficialmente a los medios la apertura en el Juzgado de Instrucción nº41 de la capital de una investigación secreta contra la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La Fiscalía desconoce la existencia de dicha causa, que dirige un –en ese momento– desconocido Juan Carlos Peinado. Nadie le ha comunicado nada, se entera por la prensa. Es el inicio de una contienda plagada de duras acusaciones que la derivada de Air Europa y la imputación del delegado del Gobierno han vuelto a reavivar.
El sumario de las Diligencias Previas 1146/2024 –que es como se conoce formalmente el caso Begoña– es una suerte de diario de guerra que pone de relieve la permanente tensión entre el juez y el fiscal del caso, José Manuel San Baldomero. Un tira y afloja que se dio desde el primer momento. Y que tuvo como punto destacado una inusual providencia en la que el instructor solicitaba al letrado de la Administración de Justicia que emitiera un informe sobre las "frecuentes e inusuales" visitas del representante del Ministerio Público al juzgado, así como su insistencia por conocer "con carácter inmediato" el contenido de resoluciones. En la Fiscalía, sin embargo, aseguraban que era la única forma de conocer decisiones que no les eran notificadas.
El Ministerio Público siempre ha defendido que no hay caso. Desde el primer momento. "La resolución dictada, en los términos en los que se realiza, adolece de la mínima precisión exigible, siendo un elemento más para apoyar la idea de que nos encontramos ante una denuncia e investigación prospectiva", plasmaba el fiscal en su primer recurso. Un escrito de apelación directo ante la Audiencia de Madrid –cuando lo habitual es uno previo de reforma ante el instructor– que Peinado le reprochó con tono burlón: "Con una diligencia inusitada y una celeridad escasamente frecuente, por no decir nunca conocida, se interpuso un recurso de apelación directo".
A lo largo del procedimiento, la Fiscalía ha acusado una y otra vez al instructor de impulsar una "causa general" contra Begoña Gómez. Y de practicar lo que en el mundo anglosajón se conoce como fishing expedition –literalmente, salida o expedición de pesca, es decir, buscar indicios de forma indiscriminada para sostener una causa–. La última vez, a finales de marzo, cuando en un recurso reprochó al instructor que siguiese poniendo el foco en el rescate de Air Europa pese a la orden de la Audiencia de Madrid de dejar estos hechos fuera de la investigación. "Es una auténtica salida de pesca; una investigación prospectiva en toda regla", lanzó el fiscal ante las presiones del magistrado a la Guardia Civil para recibir cuanto antes un análisis sobre el expediente de la ayuda a la aerolínea.
"Gran sonoridad" pero sin "sustento fáctico"
En los últimos tiempos, la excusa de Air Europa ha reavivado una guerra en la que el instructor no tiene problema en ir al cuerpo a cuerpo. "[Seguir] insistiendo en la idea de que no hay hechos nuevos [...] es tanto como pretender utilizar la denominada 'técnica del avestruz", le dice al fiscal en su respuesta, en la que se agarra al caso Koldo para justificar la existencia de novedades. E, incluso, le llega a acusar de plegarse a los intereses de la investigada cuando menosprecia otro recurso del abogado de Gómez por ser de una extensión "sensiblemente inferior" a la del fiscal: "No se sabe si porque considera que sus argumentos son menos sólidos o porque confía en que, una vez más, sea el Ministerio Fiscal quien, de una manera más intensa e incluso más brillante, efectúe una defensa de los intereses de la investigada".
Un intercambio de golpes que se ha intensificado con la decisión de Peinado de citar como investigado, en el marco de esta causa, al actual delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, por la contratación de Cristina Álvarez, asesora de Moncloa que asiste desde hace años a Gómez. Para el fiscal, resulta "incomprensible" que se impute al responsable público en base a una querella de la ultraderecha que se apoya "en un presupuesto erróneo". Al fin y al cabo, se le llama por razón de un cargo –el de secretario general de Presidencia que ostentó en 2021– para investigar un nombramiento que tuvo lugar, como ha quedado acreditado, tres años antes.
"Imputar a una persona de esta forma directa, por unos presuntos hechos vagos e imprecisos y sin la elemental exposición o motivación, y con incoherencias evidentes, no nos resulta asumible", continúa el escrito de San Baldomero. Y sentencia: "Se vuelve a adoptar una decisión desde el juzgado con gran sonoridad, pero sin sustento fáctico y respaldo de razonamiento jurídico que merezca tal consideración". La ausencia de motivación de las resoluciones es uno de los reproches habituales que el Ministerio Público hace al juez Peinado. Y no solo él, también los investigados en la causa. E incluso, en alguna ocasión, las acusaciones populares, temerosas de que esa falta de razonamiento pueda acabar tirando por tierra la causa.
"La resolución nada ha justificado ni exteriorizado siquiera sea superficial o mínimamente", decía sobre la decisión de abrir una pieza separada para investigar la contratación de Álvarez. "[El juez] hurta cualquier justificación mínima al ciudadano de por qué se le investiga", aseveraba sobre el cambio de condición del exconsejero madrileño Juan José Güemes, ahora directivo del Instituto de Empresa, que pasó de testigo a investigado en base a una supuesta contradicción que nunca existió. Y lo mismo exigió el fiscal cuando el juez imputó a Juan Carlos Barrabés, dueño de Innova Next.
Recursos que tardan meses en resolverse
Una falta de motivación que también apreció en la resolución judicial con la que se ordenó la entrada en el domicilio y sede de las compañías de Barrabés, registros que finalmente serían anulados por la Audiencia Provincial de Madrid, lo que ha obligado a la Guardia Civil a destruir todo el material intervenido en los mismos. Para la Fiscalía no estaba justificada la urgencia dado que no se motivaba si existían o no indicios de "pérdida de fuentes fundamentales". Por eso, el mismo día que recibió el auto de registro, el Ministerio Público remitió de urgencia un escrito para intentar paralizarlo. Un recurso que, sin embargo, no se resolvió hasta tres meses después.
Las entradas, por lo tanto, se llevaron a cabo de espaldas a los fiscales. Una vía de los "hechos consumados" que la Fiscalía ha denunciado en repetidas ocasiones. La última este mismo miércoles, cuando ha decidido salirse de nuevo de la vía habitual –el recurso de reforma– e impugnar directamente ante la Audiencia de Madrid la imputación del delegado del Gobierno. "Acudimos a esta vía del recurso directo en consideración a la ausencia de respuesta real en cuanto al fondo a los recursos de reforma interpuestos con anterioridad, así como también en atención al evidente retraso en la resolución de los mismos", recoge el escrito.
Una circunstancia que, continúa, "impide esclarecer hechos", "lesiona los derechos de las partes" e "impone en la instrucción un escenario de hechos consumados": "Hasta el día de hoy no se ha resuelto ni un solo recurso antes de la materialización de lo decidido en la resolución". Casi siete meses tardó el instructor, por ejemplo, en dar respuesta formal a las alegaciones que el Ministerio Público formuló cuando Peinado reclamó a la SEPI el expediente del rescate de Air Europa. Lo hizo el 8 de enero, cuando resolvió, "de manera única" y con una sorprendente "motivación uniforme" para todos, más de una quincena de recursos de reforma de las partes. "La situación es de franco desconcierto, de una inseguridad jurídica evidente y también de patente indefensión", desliza el fiscal en un reciente escrito.
