El Senado inicia el trámite de la ley para disolver asociaciones franquistas

La Mesa del Senado ha aprobado este martes la admisión a trámite de la reforma de la ley orgánica que regula el derecho de asociación que disolverá las que hagan apología del franquismo, pese a contar con un informe jurídico de los letrados de la cámara Alta que apunta a su inconstitucionalidad, ha informado EFE.
Fuentes parlamentarias han indicado que tanto la proposición de ley del PSOE que fue aprobada por el pleno del Congreso el 10 de abril como el informe jurídico han sido estudiados en la reunión de la Mesa de este martes.
La mayoría del PP en este órgano ha optado por la admisión a trámite para no incurrir en una posible prevaricación y también para poder introducir enmiendas al texto, según han indicado las fuentes. Han recordado que el caso es parecido al de la ley de amnistía que la Mesa aceptó tramitar el año pasado por esos dos motivos, aunque también contaba con un informe jurídico sobre su inconstitucionalidad.
En el informe, fechado este lunes y facilitado a la prensa este martes, los letrados, encabezados por la secretaria general del Senado, Sara Sieira, indican que "constitucionalmente la suspensión cautelar y la disolución de asociaciones solo cabe en virtud de resolución judicial".
Por tanto, según esta argumentación jurídica, el legislador no podría determinar qué asociaciones tienen que disolverse al margen del ordenamiento penal, y tampoco puede atribuir al orden civil esa competencia en la que se restringe un derecho fundamental.
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Los letrados también indican que la proposición de ley no identifica qué actividades serían constitutivas de apología del franquismo, más allá de referencias genéricas al ensalzamiento del golpe de Estado de 1936 o el franquismo. Asimismo, consideran que el texto de la ley apunta a "asociaciones 'ad hoc' concretas, que se pueden adivinar".
La proposición del PSOE para esta reforma de la ley orgánica superó el trámite en el Congreso por la necesaria mayoría absoluta con el apoyo de todos los socios del Gobierno, pese a la abstención del PP y la oposición de Vox.
Esta reforma legislativa no afectará a la Fundación Francisco Franco, por ser una fundación y no una asociación, pero el Gobierno tiene previsto pedir este año ante la Justicia su extinción mediante la ley de memoria democrática aprobada en 2022. No obstante, uno de los objetivos de la reforma de la ley que desde este martes tramita el Senado es evitar la posibilidad de que la Fundación Francisco Franco se convierta en una asociación.