El plan fiscal del PSOE penaliza la vivienda vacía: un piso de 200.000 euros pagará 3.000 en IRPF
Limitar los pisos turísticos, frenar la compra de casa por no residentes, gravar con impuestos las casas vacías y potenciar precios más bajos en los alquileres. Son algunas de las medidas que el PSOE ha registrado este jueves en el Congreso de los Diputados como proposición de ley para aliviar las tensiones en el mercado de la vivienda. “Son medidas contundentes que van dirigidas a preservar la función social de la vivienda frente a cualquier otro fin”, señalaba la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.
Un plan que se centra en poner más vivienda en el mercado, incentivando a los caseros que alquilan, promoviendo la construcción y penalizando las casas que permanezcan vacías. Por otro lado, tratan de contener los precios, limitando la presión sobre la demanda con medidas que priorizan a los compradores que quieren la vivienda para vivir, limitando la compra por extranjeros o estimulando la construcción de nuevas casas.
Penalizar los inmuebles vacíos, si nos atenemos a los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), tendría impacto sobre 3,8 millones de viviendas en España. Con este nuevo orden fiscal, si el casero decidiese alquilar recibiría una bonificación en el IRPF, pero de lo contrario, su casa saldría más cara. En el lado de la vivienda turística, el INE recoge que en España había 368.295 a finales del año pasado. Todas ellas, si este paquete sale adelante, cotizarían un 21% de IVA, cuando actualmente lo hacen muy debajo de otros establecimientos del sector como los hoteles, al no considerarse como negocios.
Más oferta y más IVA para las viviendas turísticas
La primera medida que se propone va en la línea de acotar el número de viviendas turísticas y favorecer la compra para primera residencia, limitando la compra por extranjeros. En este sentido, el documento contempla una subida del IVA del 21% para los inmuebles de uso turístico, que pasan a ser considerados como un negocio más. Otro gravamen se aplicará para aquellas personas extracomunitarias que y no residentes que quieran adquirir casa, para evitar dinámicas de compra especulativas. Se contempla, además, modificación de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas para limitar permanentemente el precio de venta de las viviendas bajo la titularidad de SEPES, haciendo así que no pierda la categoría de protegidas y su precio permanezca limitado. “Queremos asegurar el parque de vivienda público […] independientemente de la regulación de las comunidades autónomas”, señalaba Rodríguez.
Las Sociedades Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI) también se verán afectadas. El Gobierno ya había anunciado cuando presentó la Ley de Vivienda que modificaría las condiciones ventajosas de estas empresas. Ahora esta decisión se concretará en un aumento de su tributación: pasarán de tributar el 15% al 25%, salvo que se trate de viviendas destinadas al alquiler a precio asequible. También con el objetivo de incentivar los alquileres, el paquete propone aumentar el tipo de tributación por vivienda vacía y extender las bonificaciones en el IRPF a los caseros que alquilen a precios asequibles. Actualmente, esa ventaja se reservaba para aquellas regiones que tuviesen la etiqueta de “zona tensionada” y ahora se hará extensiva a todo el territorio.
Las personas que posean viviendas vacías, verán aumentar su IRPF. Así, la propuesta sustituye el tipo fijo que se paga ahora por una escala progresiva basada en el valor catastral del inmueble: desde un 1,1% para valores de hasta 100.000 euros, hasta un 3% para los que superen el millón de euros. Esto es, para una segunda residencia vacía con un valor catastral de, por ejemplo, 200.000 euros, el importe en renta ascendería a 3.000 euros.
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También se recogen medidas que tratan de incentivar el crecimiento del parque de viviendas que, según el Banco de España, aún arrastra un déficit de hasta 450.000 casas. En este sentido, se propone una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público, de forma que se haga más fluida la colaboración entre la administración y las empresas privadas para acelerar la construcción.
La propuesta, presentada en la tarde del jueves por el Grupo Parlamentario Socialista, es una proposición de ley y tendrá que contar con el aval de Congreso para su puesta en marcha. Sin embargo, los detalles que se acaban de conocer son la concreción de una medida que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya anunció en enero. “Sobran Airbnbs, faltan viviendas”, señaló el presidente del Gobierno por aquel entonces.
En el contexto actual, donde la vivienda es la principal preocupación de los españoles, las manifestaciones se han ido sucediendo y hasta el Banco de España centraba una parte de su análisis económico de 2024 en el mercado inmobiliario. Del lado socialista, la ministra ha celebrado la medida, pero desde Sumar ha criticado que se bonifique a los caseros con exenciones en el IRPF. “Nada de subvencionar IRPF. Creemos que la mera concepción de la vivienda como un bien de mercado se aleja del derecho constitucional a una vivienda”, ha explicado a EFE el portavoz de vivienda del grupo, Alberto Ibáñez. También desde ERC, Bildu y Podemos se han posicionado pidiendo al Gobierno mayor contundencia. La ministra cerró su intervención recogiendo el guante y afirmó, en relación con los usos comerciales de la vivienda, que en algunas ciudades ya no era momento “de regulación”, sino de “ir a la prohibición”.
