Victoria Rosell reclama la inhabilitación como abogado del exjuez prevaricador Salvador Alba

La magistrada de la Audiencia de Las Palmas, exdiputada de Podemos y ex delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha presentado un escrito ante el Colegio de Abogados de esa capital y ante el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) en el que reclama la anulación de la inscripción como colegiado del exjuez Salvador Alba, condenado por prevaricación judicial y falsedad en documento público. El exmagistrado, según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en una sentencia confirmada después por el Supremo, trató de inculpar a Rosell y a su marido mediante la manipulación de la declaración del empresario Miguel Ángel Ramírez en uno de los casos de lawfare más sonados de los últimos años. Ahora, trabaja como abogado para el bufete canario Consortium Abogadis.

En el escrito, al que ha tenido acceso infoLibre, se recuerda que Alba se encuentra actualmente cumpliendo penas de prisión e inhabilitación por sus delitos, pese a lo cual, consta como colegiado en Las Palmas y en el censo de letrados del CGAE desde el pasado 18 de marzo. El texto recuerda que Alba es un delincuente condenado en septiembre de 2019 por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias, una condena que fue ratificada en su integridad por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en noviembre de 2021. La inhabilitación especial que se le impuso es superior a 15 años, lo que le da el carácter de "pena grave", según el artículo 33 del Código Penal, como se recoge en la comunicación al Colegio de Abogados. Esa pena, según el escrito, se extinguirá en 2039 y los antecedentes penales derivados de ella, no se cancelarán hasta diez años después, en 2049.

El texto remitido al colegio profesional y al organismo que agrupa a todos los colegios de abogados de España invoca el artículo 9.1 del Estatuto General de la Abogacía, que establece entre los requisitos para colegiarse como profesional de la abogacía "carecer de antecedentes penales por delitos que lleven aparejada la imposición de penas graves o la inhabilitación para el ejercicio de la abogacía". Ese requisito se extiende también a los colegiados no ejercientes, y es la junta de gobierno de cada organismo la que debe decidir si se cumple. La exigencia se incluyó en la última reforma del estatuto, aprobada en 2021. Hasta entonces, la inscripción solo estaba vetada a los condenados a inhabilitación para el ejercicio de la abogacía. Esa misma disposición se recoge en el estatuto del colegio de Las Palmas que, sin embargo, ha aceptado la colegiación de Alba.

Alba consta en la web del bufete Consortium Abogadis como abogado, asesor legal y exmagistrado. Entre los méritos que enumera el despacho se recogen varios de sus destinos como juez y magistrado tanto en la Audiencia de Las Palmas, como en el TSJ de Canarias, así como su experiencia como "formador en la escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)". El exjuez prevaricador consta además en la página web como asesor del CGPJ en materia penitenciaria y como condecorado con la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco.

El exjuez Alba o "la mafia en Estados Unidos en los años treinta"

El 16 de marzo de 2016, el entonces todavía juez Alba y el empresario investigado Miguel Ángel Ramírez se reunieron en el despacho del primero. Y allí, en secreto, prepararon lo que debía decir el empresario en la siguiente comparecencia en sede judicial para sostener las acusaciones contra Rosell. La declaración del administrador de Seguridad Integral Canaria sirvió para que el exministro de Industria José Manuel Soria ampliara una querella contra la jueza, que, casualmente, había pasado de ser solo por injurias y calumnias a incluir los delitos de retraso malicioso en la administración de justicia, prevaricación y cohecho por la causa en la que estaba investigado Ramírez.

Aquella reunión, grabada a escondidas por el empresario, fue el comienzo de todo: el Supremo admitió a trámite la querella y Rosell se vio obligada a dejar la primera línea política. Pero también el final. En cuanto el audio se filtró, comenzó la caída a los infiernos del juez sustituto. El Consejo General del Poder Judicial decidió suspender a Alba de forma cautelar hasta que la justicia resolviese el caso. Y así lo hizo el TSJ de Canarias, que le condenó a seis años y medio de cárcel por la "arbitraria instrumentalización" que hizo de la causa para llevar a cabo una investigación paralela. Durante el juicio, el empresario de Seguridad Integral Canaria afirmó que acudió a la reunión porque se sentía "amedrentado" por el exjuez, a quien acusó de actuar como "la mafia en Estados Unidos en los años treinta".

El Supremo confirmó el fallo en 2021. Sin embargo, Alba, uno de los poquísimos jueces que el CGPJ ha expulsado de la carrera en sus cuatro décadas de vida, logró dilatar casi un año su entrada en prisión. Tenía que haberse presentado voluntariamente en febrero de 2022, pero consiguió parar el reloj alegando que el archipiélago no tenía módulo de seguridad para autoridades encargadas de perseguir delitos y que él no podía volar a la península por una patología. Problemas de salud a los que se agarró con fuerza para intentar evitar la cárcel pero que terminaron chocando con las valoraciones de los expertos independientes. A comienzos de aquel verano, tres informes realizados por profesionales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, tanto de Santa Cruz de Tenerife como de Las Palmas, concluyeron que sus enfermedades se podían tratar perfectamente en un centro penitenciario. Finalmente, ingresó en prisión en octubre de 2022 y desde febrero de este año, 2025, disfruta del tercer grado.