Perelló pone en riesgo la elección de dos plazas clave del TS al forzar una votación sin acuerdo en el CGPJ

Es miembro de la asociación de izquierdas Juezas y Jueces para la Democracia y su militancia en ese colectivo le valió la etiqueta de progresista al ser elegida presidenta del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, la insistencia de Isabel Perelló en entregar las presidencias de las dos salas clave del Supremo —la de lo Penal y la de lo Contencioso-Administrativo— a los candidatos defendidos por los vocales a propuesta del PP la ha llevado a forzar una votación sobre ambas vacantes en el Pleno de este miércoles. La jugada es arriesgada, porque conservadores y progresistas, con 10 vocales cada uno, no han llegado a un acuerdo sobre la designación. Una votación sin mayoría de tres quintos haría decaer todo el proceso de selección iniciado el pasado noviembre para volver a empezar de cero. Y mandaría un mensaje difícil de entender a la ciudadanía: que ninguno de los cuatro candidatos a esos dos puestos, todos ellos declarados idóneos por la Sala de Gobierno del Alto Tribunal, es válido para el órgano que preside.

La presidenta ya amagó con llevar al Pleno ambas presidencias antes de Semana Santa también sin acuerdo previo y, tras retirarlas del orden del día, puso como fecha límite para su votación el mes de mayo. En el fondo de su decisión de forzar la votación este miércoles se encuentra su preferencia por los dos candidatos aupados por los conservadores, Andrés Martínez Arrieta para la Sala de lo Penal, y Pablo Lucas para la de lo Contencioso-Administrativo. Ambos ocupan en funciones las dos presidencias al ser los magistrados de mayor antigüedad en cada una de las salas. Perelló quiere que el Consejo se las otorgue oficialmente como reconocimiento a su carrera, pero ninguno de los dos podrá cumplir el mandato de cinco años que establece la ley para estos puestos: Arrieta llegará a la edad de jubilación el año que viene y Lucas en 2027, lo que obligará de nuevo al órgano de gobierno de los jueces a convocar ambas plazas de nuevo en breve.

El sector progresista, sin embargo, esgrime dos razones de peso para que al menos una de las dos plazas vaya para alguna de sus aspirantes. En primer lugar, la aritmética interna del propio CGPJ en la que los vocales a propuesta del PSOE y Sumar y los propuestos por el PP están empatados a 10. En una elección para la que se necesitan 13 votos (tres quintos de los 20 consejeros más su presidenta), explican, lo normal es que cada sensibilidad saque adelante a uno de sus candidatos o candidatas. Sin embargo, este reparto, perfectamente normal en cualquier órgano constitucional cuando se requieren mayorías tan reforzadas (por ejemplo cuando las Cortes eligen a los vocales o a los magistrados del Tribunal Constitucional), no le vale a Perelló, que insiste en premiar la larga trayectoria en la judicatura de Arrieta y Lucas, los candidatos defendidos por los conservadores. Los progresistas lo consideran una imposición en alianza con los consejeros conservadores que no están dispuestos a aceptar.

Pero, además, entre los argumentos de los vocales de la izquierda judicial, hay uno de carácter estrictamente legal. La ley de paridad impone que los nombramientos en la cúpula judicial cumplan un reparto equitativo entre sexos en el que ninguno sea inferior al 40%. La comisión de igualdad del Consejo acordó a finales de 2024 que ese criterio debía cumplirse en las cinco presidencias de sala del Tribunal Supremo. La de lo Civil y la de lo Militar están ocupadas por hombres —Ignacio Sancho y Jacobo Barja de Quiroga—, mientras que solo en la de lo Social el puesto es de una mujer (Concepción Ureste), lo que obliga a que, o en lo Penal o en lo Contencioso-Administrativo, el Consejo coloque a una presidenta. Ese mandato solo puede cumplirse nombrando a una de las candidatas defendidas por los progresistas —Ana Ferrer para la Sala de lo Penal o Pilar Teso para lo Contencioso— ya que los conservadores no han apoyado a ninguna mujer. Perelló, que tras su nombramiento sumó a su etiqueta de progresista la de feminista, no quiere que el Consejo que preside cumpla ese requisito legal que, además, podría provocar posteriores recursos y posibles anulaciones en caso de que no se tenga en cuenta.

Forzar las votaciones en el Pleno sin acuerdo previo entre progresistas y conservadores es trascendente porque en caso de que no salgan adelante, los procesos de selección decaerían. Los cuatro candidatos que se presentaron en noviembre han tenido que aportar su currículo y un programa de actuación. Después han sido entrevistados por la comisión de calificación del Consejo (la que se encarga de los nombramientos) que los ha propuesto como aspirantes definitivos a la espera de la votación final —Ferrer y Arrieta para lo Penal y Teso y Lucas para lo Contencioso—. La Sala de Gobierno del Supremo, que preside la propia Perelló, también ha considerado "idóneos" a los cuatro candidatos para las plazas clave a las que se postulan. Si este miércoles ninguno alcanza los tres quintos de votos en el Pleno del Consejo habría que empezar de cero. También se lanzaría un mensaje confuso a la ciudadanía y a los cuatro candidatos: que pese a haber sido preseleccionados por los vocales y avalados por sus compañeros, al órgano de gobierno de los jueces, en realidad, no le valen.

La estrategia de Perelló y de los vocales a propuesta del PP es la de imponer un "rodillo" contrario a la propia composición interna del órgano que preside y a la ley de paridad, y "sin razones objetivas de interés público", según fuentes del sector progresista. Su maniobra, según esas mismas fuentes, es contraria al criterio que ha seguido desde que fue elegida, el de no llevar a Pleno ningún nombramiento que los vocales no hayan pactado previamente. Esa forma de actuar ha servido al Consejo —una institución muy cuestionada socialmente tras el bloqueo de más de cinco años al que la sometió el PP— para demostrar una enorme capacidad de consenso que le ha permitido designar, en solo ocho meses desde su toma de posesión, a más de 100 cargos de la cúpula judicial que permanecían vacantes debido a la falta de renovación.

Tres de los cuatro aspirantes a ambas plazas ya optaron a la presidencia del Consejo el pasado verano. Ferrer y Teso fueron las candidatas defendidas por los consejeros progresistas, mientras que Lucas, fue propuesto por los conservadores. El puesto, sin embargo, fue finalmente para Perelló, a la que apoyó todo el sector de derechas en bloque y solo algunos de los vocales de la izquierda. Ahora, tres de los nombres que sonaron para ocupar la más alta magistratura judicial española —la presidencia del CGPJ y del Tribunal Supremo— pueden ser declarados "no aptos" para dirigir sus respectivas salas del Alto Tribunal.