El juez Peinado imputa al delegado del Gobierno en Madrid por la contratación de la asesora de Begoña Gómez

El titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, da un nuevo paso en la causa que ha terminado por colocarle en el foco mediático. El instructor del caso, que persigue desde hace un año a la mujer del presidente, este jueves ha decidido citar a declarar como investigado por un delito de malversación de caudales públicos al actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en relación con la contratación de María Cristina Álvarez como asesora en Moncloa de Begoña Gómez, una de las mil derivadas de las que se compone una causa que todavía hoy sigue sin estar atada. Al fin y al cabo, el investigado formaba parte en el momento de los hechos de la Secretaría General de Presidencia y era "superior jerárquico" de la asesora.

En una comparecencia de prensa este martes, Martín aseguró que tiene la conciencia "muy tranquila", confió en que todo quedará "en nada" y avanzó que declarará ante el magistrado para poder aclarar "cualquier atisbo de duda" que pudiera haber respecto a su supuesta vinculación con la causa. "Quiero mostrar mi total voluntad de colaborar con la justicia. Confío plenamente en el sistema judicial y en las instituciones de este país. Somos un estado social y de derecho y estoy convencido de que todo este ruido terminará en nada", afirmó el delegado del Gobierno.

El nuevo frente del caso Begoña, en el que se indaga sobre un posible delito de malversación, se abrió por sorpresa a finales de enero, cuando el instructor decidió citar como investigada a María Cristina Álvarez, la asesora que envió algunos correos electrónicos en nombre de Gómez relacionados con su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. Una decisión que sorprendió enormemente a las partes, dado que veinte días antes había rechazado asignarle esa nueva condición procesal porque consideraba que no había base como para imputarle delitos de tráfico de influencia o malversación.

En el marco de esta pieza separada, Peinado citó a declarar como testigo a quien fuera vicesecretario general de Presidencia, Alfredo González. Al fin y al cabo, él fue quien firmó la propuesta de nombramiento de Álvarez como asesora en Moncloa. En su comparecencia, explicó que aquella era solo una más de entre las muchas propuestas de designación de personal eventual –es decir, cargo de confianza– que hizo el Ejecutivo tras la moción de censura que sacó a Mariano Rajoy del Gobierno. Además, dijo que no la conocía previamente y que tampoco manejó ningún currículo suyo, algo que sorprendió –y así lo expresó directamente– al instructor de la causa.

Fue en aquella testifical en la que salió el nombre de Bolaños. Y no por ser quien ordenara aquel fichaje –el testigo aseguró que no recordaba quién se lo propuso–, sino por ser, simplemente, el superior jerárquico de González en aquella etapa. Suficiente, no obstante, para que Peinado acordase interrogar al ministro de Presidencia y Justicia. Una comparecencia en la que apenas consiguió nada. El ministro se desvinculó del fichaje, asegurando que ni fue jefe de Álvarez ni participó en la contratación. No obstante, defendió su legalidad.

El juez ha analizado ahora una nueva querella de Vox por estos mismos hechos. Interpuesta en enero, la misma se dirigía contra Álvarez, Gómez y Martín, quien formara parte de la Secretaría General de Presidencia entre 2018 y 2023 –llegando a ocupar el cargo de secretario general tras el nombramiento de Bolaños como ministro– y quien fuera "responsable y superior jerárquico" de la asesora. Peinado ha decidido admitirla a trámite. Ahora bien, solo en relación al último de los querellados.

En una resolución fechada este lunes, el instructor considera que existen indicios de un posible delito de malversación por la "desviación de los caudales públicos destinados" a la asesora. Sin embargo, no ve cómo puede considerarse a Álvarez como "autor, cómplice o cooperador necesario" de dicho delito. Y lo mismo opina en relación a Gómez: "Sin indicios de participar en el nombramiento, ni en el pago de los emolumentos, limitándose a hacer uso de sus servicios profesionales, aunque para fines personales, no se alcanza a percibir responsabilidad penal alguna".

Sin embargo, sí que admite la querella por malversación contra Martín "por su aparente participación en el nombramiento" de la asesora "para el ejercicio de funciones privadas" de la esposa del presidente "con cargo a los presupuestos del Estado" y, por tanto, "con fondos de naturaleza pública". El actual delegado del Gobierno en Madrid deberá prestar declaración en los juzgados de Plaza de Castilla la próxima semana.

Ni tráfico de influencias ni prevaricación

Peinado, no obstante, rechaza los otros dos delitos que el partido ultraderechista ponía también sobre la mesa en su querella. Sobre el tráfico de influencias, el instructor no alcanza a entender en qué medida ese tipo penal puede serle atribuido a los querellados "al no conocerse quién ha podido llegar a influir, o ejercer su prevalencia moral, o intimidatoria, en la persona que ha decidido realizar el nombramiento".

Y en cuanto a la prevaricación, la descarta al no poder entenderse que los hechos objeto de la querella excedan de una infracción administrativa. "No puede entenderse que vayan más allá de una irregularidad en el nombramiento, por omitir trámites que obvian o prescinden de los procedimientos reglamentariamente establecidos", recoge la resolución judicial.