La Conferencia de Presidentes o cómo convertir en arma contra el Gobierno un instrumento para tender puentes

La Conferencia de Presidentes echó a andar el 28 de octubre de 2004. Fue una propuesta del entonces presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, para crear un foro multilateral de diálogo entre el Ejecutivo central y todas las comunidades y ciudades autónomas en un paso más para adecuar el engranaje institucional a la diversidad territorial. La iniciativa nació bajo el espíritu del consenso dentro de la diversidad.

Pero esa esencia ha desaparecido por completo. El próximo viernes se celebrará en Barcelona la reunión número 28 de la Conferencia, que ha estado marcada por el amago de las comunidades del Partido Popular, con el beneplácito de la dirección nacional de Génova 13, de dar plantón al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y torpedear toda la lealtad institucional.

El Ejecutivo, en un intento por salvar la reunión, ha decidido finalmente dar cabida en el orden del día a todos los temas exigidos por las comunidades populares para debatir el próximo viernes. La Moncloa puso primero sobre la mesa la vivienda y la financiación pública de las universidades y la formación profesional. Y los populares exigieron por carta que se hable también de “reforma de la financiación autonómica, actualización de las entregas a cuenta, retirada del proyecto de ley de condonación de la deuda y acceso a la vivienda, lucha contra la ocupación y la inquiocupación”. 

Otras cuestiones que han puesto los populares como condición para asistir: “Más seguridad e inversiones técnicas en las redes y respaldo para evitar un nuevo apagón, control de fronteras y política migratoria, inversiones en infraestructuras críticas para afrontar el caos ferroviario, déficit de profesionales sanitarios, financiación de la dependencia, retirada de los proyectos de ley de reforma del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal y financiación del primer ciclo de educación infantil”.

De esta manera, el Ejecutivo se ha abierto a que se traten estos temas ante un PP que estaba estudiando la fórmula para dar el plantón en Barcelona al Gobierno, pero evitando hacer un feo al rey Felipe VI, que saludará a los participantes antes de que arranque la reunión a puerta cerrada en el palacio de Pedralbes. En La Moncloa también ponen énfasis en el simbolismo con el que se ha preparado esta cita, ya que supone que Cataluña haga de anfitriona después de años siendo boicoteada la reunión por el independentismo.

Feijóo calienta la manifestación del domingo

Aunque en el Gobierno dicen que no se dan por vencidos y dicen que ellos tienen actitud "propositiva", fuentes del Ejecutivo reconocen que no se “pueden hacer trampas en el solitario” y que son conscientes de que la reunión se producirá apenas 48 horas antes de que el PP se lance a una gran manifestación en la madrileña Plaza de España en la que quiere denunciar que hay un Gobierno “mafioso”. 

El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, aseveró este martes: "El presidente del Gobierno es el hilo conductor en todas y cada una de las conductas que estamos sufriendo en los últimos años. Y el presidente del Gobierno lleva callado hace un mes y este silencio es un silencio cómplice de la situación que estamos viviendo en nuestro país". Sobre esto, señalan en La Moncloa: “Fingir que es un panorama normal con este PP es desolador”. No obstante, en el Ejecutivo ponen de relieve que, “aunque no hubiera acuerdos, reunirse y hablar en foros institucionales es importante”.

Varias fuentes del Gobierno y del PSOE también coinciden en que Feijóo va a seguir subiendo todavía más sus insultos y críticas durante estos días para calentar esa manifestación. Asimismo, sostienen que esta actitud también está basada al ver que en las encuestas Santiago Abascal tiene más tirón personal que el expresidente de la Xunta de Galicia. En La Moncloa se basan, por ejemplo, en la encuesta elaborada por 40dB y publicada este lunes por El País y la Cadena Ser que refleja que Santiago Abascal supera ya al líder del PP como preferido para ser presidente del Gobierno (el líder de Vox queda en segunda posición tras Pedro Sánchez).

Por eso, ven en el Gobierno y en el PSOE muy difícil que el PP se abra a algún tipo de acuerdo, además de por la presión interna liderada por el sector duro de Isabel Díaz Ayuso. El Ejecutivo quería poner mucho énfasis en la vivienda (las comunidades del PP no están aplicando la ley aprobada en la pasada legislatura que permite poner límite a los alquileres) y también en la financiación de las universidades públicas, en un momento en el que ha empezado a tramitarse en el Congreso la proposición de ley para poner coto a los chiringuitos universitarios.

Otro de los elementos que van a dificultar los acuerdos es que la ampliación del número de temas hará mucho más difusa la reunión, ya que habitualmente los presidentes tienen un turno de diez minutos para mostrar sus posiciones. Esto, como reconocen fuentes del Ejecutivo, impedirá ante la variedad de cuestiones centrar los esfuerzos en asuntos concretos para lograr líneas comunes.

La confirmación del Partido Popular de que irá a la Conferencia de Presidentes tampoco anticipa un mar en calma para lograr acuerdos: “Nuestros presidentes le han plantado cara al Gobierno y le han doblado el brazo. Sánchez tendrá su foto y nosotros, nuestras prioridades en el orden del día. En Barcelona no se hablará solo de lo que el Gobierno quiere sino de lo que los españoles necesitan”.

De grandes acuerdos a duros enfrentamientos

Desde el Ejecutivo indican que van a poner todo su empeño en lograr acuerdos a pesar de la confrontación total con la oposición. Y, a la vez, apostillan que Sánchez ha convocado 21 de las 27 reuniones que ha habido a lo largo de estos años de la Conferencia de Presidentes (Zapatero la reunió en cuatro ocasiones y Mariano Rajoy tan sólo dos).

El espíritu actual choca con el inicial, cuando, a pesar de los enfrentamientos entre Gobierno y oposición, se llegaban a acuerdos. En 2005, por ejemplo, Zapatero y las autonomías pactaron una transferencia de 1.150 millones de euros para la sanidad en las comunidades, compensaciones para asistencia a residentes extranjeros y una financiación de 227 millones de carácter anual por el incremento de la imposición indirecta en los tributos sobre tabaco y alcohol. Asimismo, se dio una mayor capacidad a las autonomías en relación a impuestos indirectos de hidrocarburos y matriculación. Los gobiernos regionales, asimismo, se comprometieron a medidas sanitarias como las centrales de compra o la racionalización del gasto.

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En 2007 se llegó a un acuerdo para la creación de conferencias sectoriales en materia de agua y de inmigración, además de firmar un documento conjunto sobre investigación, desarrollo e innovación. En la última presidida por Zapatero se unieron fuerzas de cara a la Presidencia Española de la UE para el año siguiente y se acordó una declaración de lucha contra la violencia de género.

Ya con Mariano Rajoy en el Gobierno se celebró una Conferencia en 2012, que se saldó con una declaración conjunta, en plena crisis económica, subrayando la importancia y el compromiso con la consolidación fiscal. En la de 2017, con el PP todavía en el Ejecutivo, asimismo se llegaron a algunos acuerdos en materia de protección civil, tarjeta social, la participación de las comunidades en asuntos europeos y la protección de los consumidores vulnerables energéticos.

Durante la época de Sánchez se han celebrado el grueso de estas citas, especialmente durante la época de la pandemia, donde el Gobierno y las comunidades intercambiaron opiniones y medidas. Y sí se logró un gran acuerdo en la cumbre en Canarias donde se firmó la Declaración de La Palma, en marzo de 2022, cuando se puso de acuerdo el Ejecutivo con las autonomías en temas como la negociación con la UE sobre el precio energético, el apoyo a Ucrania y el impulso de la ejecución de los fondos europeos. Pero esos acuerdos se evaporaron ya en la reunión que tuvo lugar el año pasado en Santander, donde no se consiguió ningún tipo de pacto.