El CGPJ se aparta de los huelguistas y descarta que la reforma fiscal ponga en riesgo el Estado de derecho

Con una manifestación ante el Tribunal Supremo y tres jornadas de huelga convocadas para exigir al Gobierno la retirada de la reforma del Estatuto Orgánico de Ministerio Fiscal (EOMF) y la del sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal, el Consejo General del Poder Judicial se ha desmarcado de las alarmas de riesgo sistémico para el Estado de derecho y principios democráticos básicos como la separación de poderes y la independencia judicial. El órgano de gobierno de los jueces se ha distanciado de las trompetas del apocalipsis de la derecha judicial y fiscal y ha avalado el texto del Ejecutivo, aunque con algunas observaciones de calado. En primer lugar, reclaman que contenga una prohibición expresa y taxativa al Gobierno de dar órdenes a la Fiscalía, para la que también reclaman la independencia financiera (es decir, que cuente con presupuesto propio). Por último, el CGPJ critica la merma de funciones del Consejo Fiscal, órgano consultivo del Ministerio Público en el que la mayoría de sus miembros son elegidos por sus compañeros.

El informe, sacado adelante por unanimidad de los 21 miembros del órgano -entre ellos ocho pertenecientes a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), una de las convocantes de la huelga- valora el esfuerzo para blindar la autonomía del fiscal general del Estado, en concreto el establecimiento de límites a las solicitudes que el Ejecutivo pueda dirigir al máximo responsable de la Fiscalía, prohibiendo que puedan tener por objeto procesos concretos. También subraya la mayor transparencia, que obliga a que esas comunicaciones sean por escrito y a través de la Junta de Fiscales de Sala. Tampoco pone pegas a la ampliación del mandato del jefe de los fiscales a los cinco años para desvincularlo de la duración del Gobierno que lo nombre.

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Sin embargo, el informe al anteproyecto sí reclama que este incluya una prohibición expresa y taxativa de dirigir al fiscal general del Estado órdenes, instrucciones o indicaciones de ningún tipo, en línea de lo previsto para la Fiscalía Europea. El artículo 6 del Reglamento que reguló en 2017 la fiscalía comunitaria establece que sus miembros "no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ninguna persona ajena a la Fiscalía Europea, de ningún Estado miembro de la UE o institución, órgano u organismo de la Unión en el desempeño de sus obligaciones". El informe del Consejo echa de menos un veto similar al Ejecutivo en lo relativo a la fiscalía española.

El documento coincide además con todas las asociaciones fiscales -tanto las conservadoras Asociación de Fiscales (AF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), como la Unión Progresista de Fiscales (UPF)- en la necesidad de gozar de la autonomía financiera con la que sí cuentan los jueces y magistrados. El anteproyecto, según el documento aprobado por el CGPJ, no atribuye al Ministerio Fiscal potestad reglamentaria ni capacidad de gestión presupuestaria al continuar la instrucción sin presupuesto propio, condiciones que los vocales del órgano de gobierno de los jueces consideran necesarias para que exista una verdadera autonomía del cuerpo.

Donde el informe es más duro es en sus críticas a la reforma del Consejo Fiscal, un órgano elegido por todos los fiscales en activo al que se suman el fiscal general, el teniente fiscal del Tribunal Supremo y el fiscal inspector jefe. El órgano de gobierno de los jueces critica que sus informes dejen de ser vinculantes en dos aspectos en los que ahora sí lo son: los traslados forzosos y la sanción disciplinaria de separación del servicio por faltas muy graves. También la posibilidad de recurrir a ese organismo las sanciones impuestas por en el ámbito de su competencia por los fiscales jefes. El estudio del CGPJ aprecia una merma de funciones y cree que se le relega como órgano de asesoramiento privándole de su participación determinante en determinadas decisiones. Esa privación de funciones, según los vocales del Poder Judicial, casaría mal con el propósito de reforzar la autonomía del Ministerio Público.