"Hay que apuntar a cargos más altos": víctimas de los 'Protocolos de la Vergüenza' celebran la decisión judicial
Descuelgan el teléfono dando un suspiro. Es una mezcla de alivio, de alegría, pero también de cansancio. Las familias de los ancianos que fallecieron en las residencias de la Comunidad de Madrid durante lo peor de la pandemia sabían que cuando pudieran dar una noticia como la que dieron este viernes sus teléfonos no dejarían de sonar ni un segundo. Pero no imaginaban tantísima repercusión. "Ni siquiera he podido comer todavía", confiesa entre risas María Jesús Valero, de 7291 Verdad y Justicia, al filo de las 16 horas de la tarde. Tampoco le importa demasiado. La sonrisa se le adivina desde el otro lado del teléfono: "Después de cinco años, hoy sentimos muchísima alegría".
Afirma sin titubear que el de este 23 de mayo es el paso "más grande" que han conseguido después de un lustro de lucha. Han visto en multitud de ocasiones cómo las querellas que interponían por la muerte de sus familiares sin asistencia sanitaria eran archivadas —muchas veces, incluso, sin haber tenido oportunidad de explicarse ante un juez—. También han escuchado cómo se minimizaba su sufrimiento, han soportado mentiras e, incluso, recibido insultos por parte de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y su equipo de propaganda. "Nos han dicho de todo. Hemos soportado vejaciones y barbaridades de todo tipo", recuerda Valero. Sin embargo, este viernes han podido olvidarlas todas.
A primera hora de la mañana su organización enviaba, junto a Marea de Residencias, el comunicado más esperanzador de todos estos años. El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid había decidido imputar por primera a ex altos cargos del Gobierno conservador de Ayuso. En concreto, a los que fueron directores de Coordinación Sociosanitaria durante lo peor de la pandemia, Carlos Mur y Francisco José Martínez Peromingo, y al autor del plan de choque que supuestamente incluía una medicalización de las residencias que jamás se produjo, Antonio Burgueño. Será el próximo 26 de mayo cuando los tres acudan a los juzgados de Plaza Castilla. Y cuando, esperan al menos las organizaciones de familiares, apunten al resto de responsables políticos que decidieron dejar sin asistencia sanitaria a miles de ancianos.
"Yo siempre digo lo mismo: esta es una noticia que nos da mucha alegría y esperanza, pero también queremos ser prudentes. Tenemos muchísima experiencia, llevamos años de lucha y tampoco queremos echar las campanas al vuelo demasiado rápido", se apresura a responder Carmen López, de Marea de Residencias, nada más descolgar su móvil. También sonríe, pero trata de convencerse a sí misma mientras pronuncia esas palabras. Todavía queda camino por recorrer. "Es sólo un primer paso", insiste.
"Hay mucha más gente detrás"
Cuando estas dos organizaciones presentaron ante la Fiscalía Superior de Madrid la macrodenuncia que ha dado pie a esta imputación señalaron lo mismo. En el documento, de más de 160 páginas, apuntaban a la posible comisión de un delito de denegación de asistencia sanitaria por motivos discriminatorios cometido, al menos, por 29 personas: las tres que ahora han sido imputadas, Pablo Busca, director del Summa 112 en el momento en el que ocurrieron los hechos y los geriatras de enlace responsables de aplicar los protocolos en los 25 hospitales públicos de Madrid.
Sin embargo, ya entonces especificaron que estas sólo eran las personas sobre las que "existen pruebas claras o indicios sólidos" de su participación en los hechos denunciados. Pero pedían seguir investigando y hacerlo, además, hacia arriba. Según creen ahora, este paso es importante para conseguirlo. "Mur y Peromingo ya han declarado en los juzgados, pero hasta ahora siempre lo han hecho como testigos. Quizás ahora, como investigados, digan cosas que habían callado", sostiene López. "Hay que apuntar ahora a cargos más altos, porque no solo estuvieron implicados estos dos señores, hay mucha más gente detrás que tendrá que esclarecer lo que pasó", añade Valero.
Esperan, en cualquier caso, que esta decisión sea tan sólo un precedente. Y que venga acompañada de muchas otras similares. Según han informado las organizaciones, hay 92 procedimientos relacionados con la presunta comisión de este delito de discriminación. Algunos están esperando que los juzgados los admitan, mientras que cinco de ellos ya estan en la Audiencia Provincial, tras los recursos presentados en los casos en los que se ha rechazado investigar.
La decisión que ha tomado por tanto ahora el Juzgado de Instrucción número 3 es la única que por ahora ha seguido el criterio que marcó la Fiscalía Provincial de Madrid el pasado mes de marzo, que solicitó que declarasen como investigados los que consideró como "autores intelectuales" y los firmantes de los Protocolos "ya identificados en la denuncia".
Preparados para la posible "artillería" de Ayuso
Los datos que llevan al banquillo a ex altos cargos de Ayuso tras cinco años de mentiras sobre las residencias
Ver más
Si hay algo que han comprobado ahora, dice López, es que "la verdad" está de su parte. "Independientemente de lo que digan los tribunales", matiza. También, que si se tiene voluntad se puede investigar lo que ocurrió. "Esto ha demostrado que se puede imputar e investigar", celebra Valero.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticó la decisión judicial poco después de hacerse pública, asegurando que responde a "un cambio de criterio" de la Fiscalía. En declaraciones a los medios en Pozuelo de Alarcón, la conservadora se limitó a decir que este asunto "estaba archivado desde hace tres años y ahora la Fiscalía ha cambiado de criterio y ha decidido abrirlo". En marzo, cuando la Fiscalía pidió a los jueces investigar a sus dos ex altos cargos, el portavoz de su Gobierno, Miguel Ángel García, dijo esperar que la "fiscalía de Sánchez" archivara todos los casos y diera "la razón a todos y cada uno de los profesionales que durante la pandemia lo dieron absolutamente todo para salvar vidas".
Las organizaciones de familiares ya saben que esa es la actitud recurrente del Ejecutivo. Y creen que de hecho ya estará preparando "la artillería" contra ellos. "Siempre que este tema vuelve empiezan a defenderse como gato panza arriba", señala López. "Cada vez que hemos hecho algo notorio nos han atacado", lamenta Valero. Por eso no creen que ahora sea diferente.
