Los datos que llevan al banquillo a ex altos cargos de Ayuso tras cinco años de mentiras sobre las residencias
Han tenido que pasar cinco años y cientos de querellas para que los familiares de los miles de ancianos fallecidos en residencias madrileñas vean sentados ante el juez a posibles responsables de lo que pasó. El próximo lunes 26 de mayo acudirán a declarar como investigados los dos ex directores de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que en plena crisis sanitaria redactaron, firmaron y enviaron los conocidos como Protocolos de la Vergüenza, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo. Es la primera vez que la justicia imputa a dos de los entonces altos cargos del Ejecutivo madrileño. Y es, también, un gran alivio para los familiares que llevan años de lucha. En las calles, en las instituciones y en los tribunales.
La decisión se conoció este viernes, pero se adoptó el pasado 1 de abril. El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, a petición de la Fiscalía Provincial, ha reabierto una causa archivada hace casi tres años y ha llamado a declarar como investigadas a las dos personas que tuvieron una implicación directa en la elaboración de los documentos que ordenaron impedir la derivación hospitalaria de los usuarios de centros de mayores que tuvieran dependencia física o deterioro cognitivo, tuvieran o no covid. En concreto, tanto Mur como Peromingo están imputados ahora por un presunto delito contenido en el artículo 511 del Código Penal, que castiga la denegación de asistencia sanitaria por motivos discriminatorios.
La citación parte de la macrodenuncia que presentaron el pasado mes de octubre las organizaciones Marea de Residencias y 7291 Verdad y Justicia, que actuaron en representación de 109 familiares de 115 víctimas —111 de las cuales fallecieron en los peores meses de la pandemia. En el documento, de más de 160 páginas y presentado ante la Fiscalía Superior de Madrid, apuntaban directamente a estas dos personas, pero además de ellas también pedían investigar el papel de Pablo Busca, director del Summa 112 en el momento en el que ocurrieron los hechos; Antonio Burgueño, autor del plan de choque que supuestamente incluía una medicalización de las residencias que jamás se produjo —y que acudirá también este lunes como investigado—; y los geriatras de enlace responsables de aplicar los protocolos en los 25 hospitales públicos de Madrid.
En total, la denuncia apuntaba a 29 presuntos implicados, pero también señalaba que deberían ser más. Según explicaban las víctimas, sólo incluyeron a las personas sobre las que "existen pruebas claras o indicios sólidos" de su participación en los hechos denunciados. Por eso no señalaron a ex altos cargos del Gobierno conservador de Isabel Díaz Ayuso que sí habían protagonizado otras querellas que no habían conseguido tener recorrido jurídico. Ni tampoco a ella misma.
Mur y Peromingo y los 'Protocolos de la Vergüenza'
Ahora bien, ¿cuál fue el papel de quienes se sentarán este lunes ante la jueza Isabel Durántez? Según señalaron las víctimas, Mur fue el responsable de firmar digitalmente las cuatro versiones del Protocolo de la Vergüenza —los días 18, 20, 24 y 25 de marzo—, además del encargado de enviarlo a altos cargos de las consejerías de Sanidad y Políticas Sociales. Lo hizo aunque, según señaló en la breve comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, había mostrado su "disconformidad" con los criterios utilizados para autorizar o no los traslados a los hospitales. Mur además ha declarado como testigo en varias ocasiones en sede judicial, donde ha asegurado que los protocolos eran meras instrucciones que no tenían que cumplirse de manera obligatoria.
Por su parte, Peromingo fue el autor de otro protocolo clínico que complementó al otro firmado por su antecesor en el cargo y que establecía instrucciones a las residencias para solicitar la hospitalización, como el índice de Barthel y la escala GDS, que sirve para medir la demencia. En función de esa información, los llamados geriatras de enlace decidían si se trasladaba o no a los ancianos. Fue este, señalan los denunciantes, "el núcleo de los delitos de discriminación de los residentes por enfermedad o discapacidad". También siguiendo la estela de Mur, Martínez Peromingo ha comparecido ante el juez y ante la comisión de investigación que se conformó en el Asamblea de Madrid, ante la que sostuvo, exactamente, el mismo argumento: que no estaba de acuerdo con los criterios que impedían los traslados a los hospitales. Ni él ni la mayoría de los geriatras.
Actualmente, Mur se encuentra trabajando como psiquiatra en el servicio de salud de Andorra y Peromingo es jefe de Geriatría en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, un hospital del Grupo Quirón.
Burgueño, el tercer imputado, fue director del plan de choque que supuestamente incluía una medicalización de las residencias que jamás se produjo, según confirmó hasta el propio Mur. Es el único que habría cometido el delito como "particular vinculado a un servicio público", puesto que las otras 28 personas lo habrían hecho como funcionarios. Actualmente la información publicada por él mismo señala que sigue siendo consultor sanitario y ha participado recientemente en un programa del canal de televisión ultra El Toro TV.
Una petición de Fiscalía
Los tres irán este lunes a los juzgados de Plaza Castilla, donde están citados a las 12.30 horas de la mañana como investigados. No lo hará, al menos por ahora, Pablo Busca, según confirma el abogado Carlos Castillo, del equipo jurídico de las víctimas. En cualquier caso, eso no impide que pueda ser llamado más adelante, en alguna otra de las causas que todavía se encuentran en manos de los jueces. Porque no son pocas.
Según han informado las organizaciones de familiares, hay 92 procedimientos relacionados con la presunta comisión de este delito de discriminación. Algunos están esperando que los juzgados los admitan, mientras que cinco de ellos ya estan en la Audiencia Provincial, tras los recursos presentados en los casos en los que se ha rechazado investigar. Según informa Castillo en conversación con infoLibre, es posible que en los próximos días se dicten citaciones similares a la conocida este viernes.
Es la única que por ahora ha seguido el criterio que marcó la Fiscalía Provincial de Madrid el pasado mes de marzo. Fue este el organismo que recibió 53 de las 109 causas denunciadas —otras 13 se derivaron a la fiscalía de área de Alcalá de Henares, 15 a la de Getafe-Leganés y otras 28 a la de Móstoles-Fuenlabrada-Alcorcón. De todas ellas, 44 tenían una querella previa ya archivada, presentada en su día por los delitos de homicidio u omisión del deber de socorro, y otros cuatro tenían una querella por los mismos delitos que todavía estaba en fase de instrucción. Los otros cinco denunciantes no habían iniciado antes ninguna actuación y fue la Fiscalía la que presentó denuncia ante el Decanato de los Juzgados.
En todos los casos con denuncia previa —las 44 ya archivadas y las que todavía estaban en fase de instrucción— la Fiscalía solicitó que declarasen como investigados los que consideró como "autores intelectuales" y los firmantes de los Protocolos "ya identificados en la denuncia", que eran, precisamente, Mur y Peromingo. Según explicó el Ministerio Público, esos documentos supusieron un bloqueo del traslado a los hospitales de los residentes con mayor deterioro físico o cognitivo —tuvieran o no covid— y fue una orden que nunca antes había existido y cuyos efectos cesaron cuando se superó lo peor de la crisis sanitaria. Además, "fueron muy pocas" las comunidades que aprobaron "este tipo de protocolos". Y en ningún caso fueron igual de restrictivos que en Madrid.
Una denegación de asistencia que fue más allá del Protocolo
No obstante, la denegación sanitaria que las familias madrileñas han denunciado va más allá del Protocolo. Porque además de ese documento hubo otros factores que influyeron, y de forma determinante, en que 7291 mayores fallecieran sin recibir asistencia dentro o fuera de los geriátricos. En concreto, ni se medicalizaron las residencias, ni se envió a los ancianos al "hospital milagro" de Ifema, ni a los centros privados, ni a los hoteles medicalizados. Y así consta también en la macrodenuncia presentada en octubre.
Muchas de las residencias, como no son centros médicos, no tenían asistencia sanitaria cuando estalló la pandemia, y las que sí disponían de esta figura lo hacían únicamente para revisar las cronicidades de los residentes. Por eso la Comunidad elaboró un plan para, supuestamente, medicalizar las residencias, pero muchos profesionales —unos 600, según la denuncia— estuvieron de baja por el contagio. Aun así, la Comunidad de Madrid no envió a ningún sanitario en el mes de marzo, y en abril sólo a 29 médicos y 25 enfermeros, lo que supuso un refuerzo de un facultativo por cada 1.662 residentes.
Ocurrió así porque, como desvela la denuncia, la mayoría de esos profesionales eran enviados al hospital de campaña de Ifema —el bautizado "hospital milagro" por Ayuso— o a los 14 hoteles medicalizados. Al primer recurso se envió a 1.421 médicos y enfermeros; al segundo, 351. Según la información adelantada en su día por infoLibre, a Ifema sólo se trasladó a 23 residentes de dos centros con síntomas leves; a los hospitales medicalizados no llegó ningún anciano de ningún geriátrico.
La reacción política
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Al poco de conocerse la noticia de la imputación de los dos ex altos cargos del Gobierno de Ayuso, la propia presidenta criticó que la decisión responde a "un cambio de criterio" de la Fiscalía. En declaraciones a los medios en Pozuelo de Alarcón, la conservadora se limitó a decir que este asunto "estaba archivado desde hace tres años y ahora la Fiscalía ha cambiado de criterio y ha decidido abrirlo".
Desde la oposición, en cambio, se ha celebrado ese supuesto giro del Ministerio Público. El secretario general del PSOE-M, Óscar López, y la portavoz de Más Madrid en la Asamblea autonómica, Manuela Bergerot, por ejemplo, no tardaron en mostrar satisfacción por la imputación, un "rayo de esperanza" para las familias. Por su parte, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, señalaba que cualquier paso para que las familias de las víctimas conozcan la verdad, se haga justicia y se asuman responsabilidades es "positivo". "Tenemos una deuda con la memoria de aquellas personas que fallecieron en aquellas circunstancias, en aquellas condiciones, en las residencias de la Comunidad de Madrid. Cualquier paso que se dé para hacer justicia me parece positivo", dijo.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, pedía además respetar el trabajo y los tiempos del juzgado de instrucción. "Vamos a dejar que el juez de instrucción adopte las diligencias que correspondan", apuntó.
