El novio de Ayuso declara que su abogado confesó los dos delitos fiscales que se le imputan sin su consentimiento

El correo enviado por el abogado de Alberto Gómez Amador el 2 de febrero a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid en el que la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso admitía que aquel había cometido dos delitos fiscales para evitar la cárcel, lo envió su abogado, Carlos Neira, por su cuenta y sin permiso de su cliente. Así lo ha sostenido González Amador en su declaración como testigo este viernes ante el instructor de la causa contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos del que, por el momento, no hay pruebas. La pareja de la presidenta madrileña sí ha admitido sin embargo que el 12 de marzo envió al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, el correo enviado por el Ministerio Público a su abogado en el que se le informaba de que la posibilidad de llegar al acuerdo era todavía posible. Rodríguez distribuyó información falsa al respecto en un chat de 50 periodistas basándose en esa información.

Amador ha asegurado a preguntas del abogado del Estado que defiende al fiscal general que Neira envió el correo sin su consentimiento. Que lo que él le había transmitido previamente es que solo quería que se acabara el ruido y que se pusiera solución cuanto antes a su situación, según fuentes presentes en el interrogatorio. El instructor de la causa, el magistrado Ángel Hurtado ha citado este mismo lunes al abogado, que declarará como testigo el próximo 27. Neira podrá explicarse entonces sobre las acusaciones de su cliente y confirmar o desmentir si realmente actuó a sus espaldas confesando dos delitos en su nombre.

La versión de Amador se contradice, sin embargo, con lo que sostuvo en su declaración el jefe de gabinete de Ayuso. Rodríguez aportó a la causa copia de un mensaje del pasado 12 de marzo enviado por la pareja de la presidenta madrileña, que en su teléfono consta como "Alberto Quirón". Ese mensaje era el reenvío de otro de Neira en el que este aseguraba que había recibido un correo del fiscal: "Parece que todo sigue en pie. Le voy a llamar al fiscal parea ir concretando. La idea mía es que al final solo haya un condenado. Y multa mínima".

Sin embargo, en su declaración de esta mañana en el Supremo, González Amador ha asegurado que desconocía el correo inicial de su abogado confesando los delitos y que solo lo conoció a través de las informaciones de la Cadena Ser del 13 de marzo. Es decir, que según los mensajes aportados por Rodríguez, Amador le transmitió los detalles sobre la marcha del pacto que estaba negociando el abogado. Sin embargo, hoy ha asegurado que desconocía que su abogado hubiera sido sido quien había propuesto el pacto sin su consentimiento.

Se esperaba que la declaración de González Amador pudiera ser clave para aclarar con quién se compartió el mail filtrado, qué papel jugó el jefe de Gabinete de Ayuso y, en definitiva, si fue el empresario el primero en romper el secreto. Las defensas, según las fuentes jurídicas consultadas, pretendían buscar con la comparecencia "desactivar la revelación de secretos", apretando al testigo, que tiene obligación de decir la verdad, para saber si fue él y su entorno quien rompió el secretismo alrededor de sus comunicaciones. Un ataque que pueden ejecutar por varios frentes. La Abogacía del Estado, que representa a Álvaro García Ortiz, y Fiscalía tenían intención de preguntarar por qué el empresario ocultó en su querella que el correo electrónico que acabó en los medios no solo fue remitido al Ministerio Público, sino también a los servicios jurídicos del Gobierno.

El mensaje en cuestión entró en la bandeja del abogado del Estado a las 12.58 horas del 2 de febrero de 2024. "Acabo de enviar a la Fiscalía otra propuesta de conformidad penal en relación con una nueva denuncia por delito fiscal", rezaba el mail, que contenía la comunicación original que el abogado de González Amador había remitido minutos antes a una dirección genérica de correo del Ministerio Público –el correo que reconocía la comisión de dos delitos fiscales y que acabó filtrándose–. Por aquel entonces, la Abogacía ni siquiera era aún parte de ningún procedimiento, dado que todavía no se había presentado querella alguna.

Estos datos quedaron plasmados en un informe remitido al instructor hace semanas. Con él, los servicios jurídicos del Estado no pretenden extender la sombra de la sospecha a su propia casa. Es más, el informe concluye que no hay evidencia de que ese mail fuera reenviado. Más bien, buscan restar importancia a la comunicación que acabó publicada. Algo en lo que también ha incidido el Ministerio Público: "Ahonda en el nulo valor confidencial o de naturaleza reservada que se le otorga al contenido del correo [...] incluso por el propio abogado de González Amador, pues en esa fecha la Abogacía del Estado aún no podía ser parte de actuación alguna".

Quién rompió el secretismo

Las defensas y la Fiscalía, que en todo momento se ha opuesto a esta causa judicial, también pretendían conocer con quiénes compartió las comunicaciones que mantenía el abogado del empresario con el Ministerio Público. Porque se sabe que, antes de la filtración, algunos periodistas, si bien no tenían el correo, conocían la información contenida en el mismo: que la Fiscalía y la defensa del empresario estaban negociando para que este último reconociera los delitos contra la Hacienda Pública a cambio de no entrar en prisión.

Así lo recogía El Mundo en aquella noticia que está en el origen del caso y el desmentido oficial posterior, cuyo titular insinuaba que era el Ministerio Público quien buscaba un pacto –cuando la realidad era totalmente la contraria– y que se publicó antes de que el fiscal general tuviera acceso al correo que horas después acabaría en los medios. "Es un dato que fuentes directas intervinientes en las negociaciones nos contaron", explicó Esteban Urreiztieta, autor de la información, al juez en su declaración como testigo, en la que también reconoció que había tenido acceso a "detalles" del "expediente tributario o inspección" alrededor de González Amador.

"Cuando se revela un secreto y, más aún si el destinatario de lo revelado es un profesional de la información, el secreto o la información reservada ha dejado ya de serlo", recordaba en uno de sus escritos la Abogacía del Estado, que se apoyaba al mismo tiempo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. De ahí que los servicios jurídicos del Estado consideren importante saber si el secreto sobre el que gira toda esta investigación ya había sido revelado con carácter previo por el entorno de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El Supremo cita como testigo al abogado del novio de Ayuso en la causa contra el fiscal general

Ver más

Por el momento, lo que está perfectamente acreditado –y así consta en el sumario– es que el empresario hizo llegar a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso, el correo del 12 de marzo en el que el fiscal del caso decía al abogado de González Amador que no habría "ningún obstáculo" para poder llegar a un acuerdo en la causa que le acorrala, el mail que sirvió de base para la información anteriormente citada en El Mundo y que no era más que la continuación de una negociación en busca de una conformidad iniciada, realmente, por el abogado del empresario a comienzos de febrero. Sobre la información que transmitió -él o su abogado- al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, se esperaba que también fuera objeto del interrogatorio.

Se conoce que el jefe de Gabinete envió el contenido de ese correo la noche siguiente, la misma en la que se produjo la filtración investigada en el Supremo, a su lista de difusión de periodistas. En su declaración ante el juez, Rodríguez repitió una y otra vez que él no reveló ese mail hasta que el contenido del mismo no se encontraba publicado en El Mundo. El problema es que tanto la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, como su jefe de Prensa y la directora de comunicación de la Fiscalía General del Estado aseguraron que llevaba moviendo esa información desde antes de que saliera en el periódico.

Con estos elementos sobre la mesa, el comisionista tenía que aclarar si autorizó la difusión de ese correo electrónico, un permiso que Rodríguez, en su declaración ante el juez, aseguró que tenía. Por otro lado, también deberá explicar cuál fue la información que compartió con el jefe de Gabinete de Ayuso. En este sentido, él ha repetido una y otra vez que no tuvo acceso a toda la cadena de comunicaciones con el Ministerio Público: "No tengo conocimiento de lo que después es un email anterior del 2 de febrero que figuraba en el expediente de la Fiscalía". Ahora habrá que ver si González Amador, con obligación de decir la verdad, lo corrobora en el Alto Tribunal.