La brecha del Reglamento de Extranjería que desincentiva el asilo y empuja a la irregularidad

Emily huyó de las extorsiones y amenazas de violencia que le llegaban a la casa donde vivía con sus dos hijos menores en Colombia. Pidió asilo en 2023 y logró encontrar un trabajo con contrato y alojamiento en Barcelona. No obstante, la reforma del Reglamento de Extranjería del Ministerio de Inclusión que entró en vigor este martes la podría penalizar y obligarla a tener que sobrevivir dos años en la irregularidad.

A Emily le denegaron la solicitud de asilo y recurrió, creyendo que la situación vivida en su país de origen era merecedora de protección internacional. A lo largo de este tiempo tuvo un contrato de trabajo que duró hasta febrero. Pero ahora ya nadie la contrata pese a contar con años de experiencia laboral. “He hecho diez entrevistas y las empresas me dicen que sus abogados recomendaron no emplearme porque tengo un primer rechazo en el asilo”, explica.

La parte que más le atemoriza es verse empujada a la irregularidad. Si la resolución firme de su solicitud acaba siendo denegada, no podrá usar los años vividos en el país para demostrar su arraigo. Un tiempo que antes de la reforma sí que computaba. Eso significa que para volver a tener permisos de trabajo y residencia tendrá que poner su contador a cero y pasar los dos años que marca la ley en situación irregular.

“Si tienes un contrato de trabajo, lo tendrás que dejar; si tienes un contrato de alquiler, lo tendrás que dejar, y también muchos bancos pondrán trabas para abrir una cuenta”, enumera Jordi Campabadal, coordinador del área jurídica de la Fundación Bayt al-Thaqafa, como algunas de las consecuencias que ya afectan a quienes se les deniega el asilo.

Caída drástica de solicitudes de asilo

La ambiciosa reforma del Ministerio de Inclusión ha ampliado las modalidades de arraigo, ha flexibilizado parte de la burocracia y ha facilitado la contratación laboral en origen. Pero por contra, desde su aplicación este martes, está perjudicando a quienes huyen de sus países buscando refugio. Una situación que podría afectar aproximadamente a 150.000 personas en España, estima la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Para subsanar esta brecha, el Gobierno propuso el martes pasado reactivar la Proposición de Ley para la regularización de personas migrantes, una propuesta basada en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) Regularización Ya. Pero los efectos aún tardarán en aplicarse porque hay que llegar a un acuerdo con los socios de investidura, lo que también definirá quién se beneficiará de la ley.

A día de hoy, tanto la Fundación Bayt al-Thaqafa, especializada en acogida y protección internacional en Cataluña, como CEAR, ya han notado que esta reforma ha desincentivado las peticiones de asilo y los recursos por rechazo. “Nos consta que nacionalidades colombianas, peruanas o marroquís ahora piensan mucho si solicitar el asilo o no”, expone Elena Muñoz, coordinadora del área jurídica de CEAR. “Porque, si no se pide ya, empieza a correr el plazo de su permanencia en España y, si se pide y se deniega, su contador vuelve a cero”.

Las solicitudes de Colombia y Perú han caído drásticamente si se comparan los primeros meses del año 2024 y 2025, según datos del Ministerio de Inclusión. El año pasado, hasta mayo se presentaron 19.371 peticiones de colombianos y 4.964 de peruanos. Por contra, en los primeros cuatro meses de este año 6.762 colombianos y 1.755 peruanos han pedido protección internacional.

"No denuncian por temor"

“Necesitamos el asilo, pero si hubiéramos sabido lo que pasaría no lo hubiéramos pedido”. Luciana (nombre ficticio), su pareja y su familia con dos hijos menores también huyeron de Colombia por las amenazas y extorsiones que recibieron. “Yo era maestra y mi pareja, jefe de obra en la construcción, teníamos una vida tranquila hasta que apareció un grupo paramilitar”, relata Luciana. “El detonante para irnos fue cuando hicieron estallar una granada en casa de un vecino”, zanja la madre. Pidieron asilo hace nueve meses y aún esperan resolución. 

“Cuando uno tiene hijos se propone que no vean lo que uno ha visto”, explica también Mariana (nombre ficticio), solicitante hondureña con dos hijas a cargo. “Nosotros hemos tenido que enterrar a algunos de nuestros amigos”, manifiesta Mariana, en su caso afectada por la violencia de las maras. Tras más de seis meses esperando, aún no sabe si le aceptarán la protección internacional.

El Ministerio incluyó en la reforma una disposición transitoria que rebajaba de dos años a seis meses el tiempo que algunos solicitantes debían pasar en irregularidad antes de poder demostrar su arraigo. Pero sólo se pudieron acoger a esta rebaja quienes con un primer caso de asilo denegado, desistieron del recurso interpuesto. En la práctica, ha puesto entre la espada y la pared a quienes aún no tenían el proceso resuelto antes del 20 de mayo.

“El problema ha afectado sobre todo a quienes no han recibido una respuesta firme sobre su asilo antes de este martes”, apunta Elena Muñoz, “porque debían decidir antes de esa fecha si desistían de la solicitud”. Ni Luciana, ni Mariana ni Emily quisieron desistir. 

“Dudé mucho”, expone Emily, que lleva más de tres años viviendo en Barcelona. “Pero tengo dos hijos a cargo, soy madre soltera y no me podía permitir estar un tiempo en la irregularidad, necesitaba encontrar trabajo”. Emily se queja de que esta reforma probablemente también tendrá un impacto diferencial por género. “Hay más mujeres que aceptan trabajos peor pagados o con más horas de jornada laboral porque tienen hijos o familias que deben sostener”, apunta. “Conozco personas que han trabajado de internas en atención domiciliaria como yo y que han sufrido acoso sexual en sus trabajos y no han denunciado por el temor de estar en situación irregular”.

Vicky Columba, portavoz de la ILP Regularización Ya, denuncia también que la irregularidad administrativa en mujeres y trans “impide denunciar la violencia machista por temor a una orden de expulsión”. Y añade que “en trabajos como el del hogar, impide la fiscalización laboral, lo que hace más difícil denunciar situaciones de vulneración de derechos”.

Colapso en las oficinas de extranjería

Nuria Moya, responsable del área de Salud Mental de Bayt al-Thaqafa y miembro de la Red Acoge, puntualiza que a los seis meses de la disposición habría que añadir “el tiempo que luego tardan en resolver, con lo que en la práctica, quien haya desestimado el asilo acabará pasando más de un año en situación irregular”. 

“Han incluido una disposición que genera incertidumbre, porque hay un factor que no depende de ellos, sino de la agilidad de la Administración en los trámites burocráticos”, admite Elena Muñoz, de CEAR. “Hay muchas realidades, hay personas que pueden estar menos de seis meses y otras que pueden estar tres años.”

Según datos de Eurostat, a 2024 España tenía pendiente de resolver 263.985 solicitudes de protección internacional, lo que incrementó en casi un 30% los expedientes apilados en las oficinas de extranjería respecto al año 2023. El promedio mensual de solicitudes resueltas fue de 8.020, lo que indica que para resolver todas las que hay pendientes, se necesitarían casi 33 meses –sin que entraran más solicitudes, algo que no es realista–.

Esta situación motivó este lunes un paro de dos horas de CCOO delante de todas las oficinas de extranjería “ante el colapso del sistema”. Para intentar paliar la situación, el Gobierno ha anunciado, junto a la reforma, que prevé incorporar 750 trabajadores en las 25 Oficinas de Extranjería. En Cataluña, por ejemplo, supone incrementar entre un 30% y un 40% los recursos, ha afirmado Carlos Prieto, el Delegado del Gobierno.

Jordi Campabadal, de Bayt al-Thaqafa, cree que el cambio en el Reglamento tiene su raíz en esta saturación en las oficinas. Uno de los objetivos de la reforma es “despejar la vía del asilo”, explicó esta semana la ministra Elma Saiz. La idea de fondo sugiere distinguir la migración por lazos familiares de la de personas que huyen porque su vida está en peligro. “Existe el argumento de que hay quien usa mal el asilo”, asegura Campabadal. “El argumento considera que hay quien sabía que no le iban a dar el asilo, pero lo pedía igualmente porque podía computar los años de espera de su resolución para luego pedir el arraigo”.

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No obstante, la alta denegación de solicitudes de asilo, que en 2024 aumentaron al 43% de las totales, sumada a la gran cantidad de solicitudes pendientes, ha provocado una situación que puede acabar por enviar a la irregularidad a muchas familias.

La solución propuesta: la regularización

Para paliar esta brecha, el Gobierno ha rescatado la regularización de migrantes como solución. El borrador de la propuesta de ley ya está en la mesa de los partidos políticos, y quieren que afecte a todo aquel que estaba en España de forma irregular antes del 31 de diciembre de 2024. Una fecha que tendrá que acordarse con los socios de investidura.

Los promotores de la ILP Regularización Ya piden regularizar a quienes estuvieran antes del 20 de mayo de 2025, según su portavoz, Vicky Columba. “Esto también afecta a los empresarios que han tenido que despedir a gente o no pueden aceptar solicitantes de asilo”, considera la portavoz. Columba considera que un factor que podría haber hecho activar la regularización es el efecto que podía tener en las vacantes laborales la cifra estimada de 150.000 solicitantes abocados a la irregularidad.