Lecciones del apagón: en la UE las eléctricas públicas ganan terreno y los gestores de la red son estatales

El reciente apagón eléctrico sufrido en España reabre debates sobre la estructura y composición del sistema energético. El lobby nuclear y la derecha política están criticando el importante peso de las renovables en el mix y ahondando en los posibles errores de la red para evitar el fundido a negro, disparando los reproches a Red Eléctrica, una empresa privada con una participación minoritaria del Estado, que sí escoge a sus directivos. El peso de las renovables es creciente en toda la UE, en línea con la tendencia española, pero un análisis más amplio muestra una diferencia clara: España ha dejado en manos privadas todo su sistema energético.
La polémica sobre el apagón español y sus causas ha llegado a la UE. En la Comisión Europea, el titular de Energía, Dan Jørgensen, rechaza que la composición del mix energético sea la causa principal del apagón. “No hay razón para pensar que es por la renovables”, cree el política danés, quien insiste en que “muchos países tienen muchas renovables y tienen menos minutos de apagones al año que otros que no las tienen”. Jørgensen se manifestaba así en un encendido debate en el Pleno de Estrasburgo del Parlamento Europeo, de nuevo instrumentalizado por el Partido Popular y la extrema derecha para convertirlo en lucha doméstica.
Antes de esa cita, Jørgensen, mantenía un encuentro con el Foro Europeo de las Energías Renovables en el que coincidió precisamente en la necesidad de agilizar los trámites para la instalación de renovables en España y Portugal. En un momento en el que arrecian las críticas contra esas fuentes verdes, en Europa “el consenso amplio es la necesidad de modernizar y conectar nuestras infraestructuras”, afirma el eurodiputado socialista Nicolás González Casares, quien estuvo en el encuentro con el comisario y señala que la apuesta fue a favor de “un marco regulatorio claro que facilite estas inversiones”.
En la Eurocámara, el comisario europeo de Energía felicitó a España y Portugal “por la forma en que gestionaron la crisis”, “la peor en décadas” y “obviamente una situación desafiante”. Horas en las que Francia se desconectó rápidamente de la red peninsular, lo que reveló de nuevo el enorme problema de las escasas interconexiones con el continente. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, que visitó España esta semana, abogó precisamente por profundizar en esa integración, para lo que pidió mayores inversiones públicas. Durante el Pleno de Estrasburgo, González Casares, criticó que no se aprovechase el debate sobre el apagón español para “reivindicar las interconexiones o para hablar de modernizar y digitalizar las redes europeas y avanzar en almacenamiento y flexibilidad del sistema”.
La malla eléctrica gestionada por Red Eléctrica Española (REE) está actualmente conectada con la francesa por dos puntos, en Euskadi y Cataluña, tras el acuerdo de dos décadas con la Réseau de Transport d'Électricité (RTE) que permitió duplicar “la capacidad de intercambio” pasando “de 1.400 a 2.800 megavatios (MW)", según datos de Redeia, la matriz de REE. Su plan de desarrollo de 2024 Visión Global concreta una tercera interconexión por el Golfo de Vizcaya para 2028.
Los gestores de la red en Europa, principalmente públicos
Red Eléctrica española es el operador del sistema eléctrico. Redeia está participada por el Estado en un 20% a través de la SEPI (página 133 del PDF), el mayor accionista de la empresa, a la que sigue Pontegadea, el instrumento financiero de Amancio Ortega, con un 5%, y el gran fondo de inversiones Blackrock con un 4,6%. El resto del accionariado, un 70%, es capital flotante en bolsa. Su homóloga gala, la Réseau de Transport d'Électricité, es también una sociedad anónima pero el control del Estado es mucho más elevado. Francia posee un 80% a través de la eléctrica EDF y la Caisse des Dépôts et Consignations, en un modelo mixto de fuerte presencia pública, mayoritario en la Unión Europea. El gestor del sistema eléctrico belga, Elia, es una empresa con accionistas principales públicos, como la cooperativa de municipalidades y entes intermunicipales o las energéticas semiestatales. En manos privadas sólo está un 40%.
Más ambición pública tiene Dinamarca, con un operador del sistema de transmisión de electricidad y gas natural estatal, gestionado por el Ministerio de Clima y Energía fruto de la fusión de diferentes entes a principios de siglo. Entre los nórdicos, Finlandia también apuesta por el control público mayoritario de su red. El gestor Fingrid Oyj es propiedad del Estado en un 53,1% y el resto del accionariado está en manos de entidades financieras o aseguradoras.
Alemania presenta el sistema más complejo de la UE y es de las pocas excepciones donde la red está mayoritariamente en manos extranjeras privadas. La malla se divide en cuatro grandes regiones con sus respectivos operadores: la antigua Alemania occidental formaría tres zonas y la cuarta sería la Alemania oriental. En esta última, el operador eléctrico es propiedad de la belga Elia y de un fondo de inversión australiano; las otras tres están controladas por grandes inversores alemanes, como fondos de pensiones o aseguradoras y por alianzas de energéticas.
Las energéticas públicas crecen en Alemania
Frente a este modelo de gestión de la red, la producción y distribución de energía avanza en sentido contrario en Alemania. Gigantes como RWE o E.On son privados pero en los últimos años las ciudades germanas han creado sus propias empresas eléctricas y en localidades como Munich dos tercios de los hogares obtienen la luz de ellas. Son las Stadtwerke, que generan energía de las renovables. El informe Local Energy Ownership in Europe, de Energy Cities, cifra en unas mil estas empresas públicas, “un tamaño relativamente bajo”, explica, pero “aun así representan más de la mitad de la oferta de energía al mercado”. En Hamburgo, la compañía municipal de aguas creó una empresa similar y en menos de un año contaba con 100.000 clientes de gas y electricidad renovable.
La efectividad de las Stadtwerke les ha llevado a ser más ambiciosas e involucrarse en proyectos industriales o de suministro a mayor escala. La de Hess ha costeado más de 70 millones de euros en proyectos de renovables mientras que la de Augsburgo financió una planta de hidroeléctrica y en otras localidades estas empresas están remunicipalizando las redes locales de distribución.
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El modelo comunitario y público se extiende por el continente, según recoge el informe de Energy Cities. En Francia existen asociaciones de ayuntamientos propietarias de plantas de biogás, biomasa, campos de paneles solares o de molinos de viento para suministrar energía a explotaciones agrícolas y a sus ciudadanos. El propio consejo regional de la Ile-de-France, el de París, creó hace una década una empresa semi-pública que ofrece energía a miles de hogares y ciudades como Grenoble o Metz aplican también este modelo.
Francia es el ejemplo europeo con la energética pública de mayor tamaño. EDF fue completamente renacionalizada en 2022 para garantizar su viabilidad financiera ante las importantes inversiones en el sector nuclear, pilar del suministro eléctrico galo. Pero ya antes París controlaba la multinacional con más de un 80% de su accionariado y bonos convertibles de su deuda. El Estado francés también mantiene una participación de casi el 25% en la empresa de distribución Engie, otro gigante europeo del sector. El Estado italiano cuenta con una participación parecida, casi la cuarta parte del accionariado, en la mayor energética de su país, Enel, que controla la española Endesa.
Suecia posiblemente sea el modelo eléctrico más público de toda la UE. Una empresa estatal es propietaria de la red nacional y la gestiona como operador, como lo es la principal energética del país Vattenfall. Mientras, España renunció en los 90 a una presencia semejante, apostó por privatizar completamente sus empresas y ni ahora con el apagón eléctrico ni durante la reciente crisis de los precios de la luz fructifica el debate sobre la presencia pública en el sector.