La Xunta para su residencia estrella alegando restricciones por las inundaciones en Valencia

Tras las elecciones municipales de 2023, la localidad coruñesa de Ribeira vivió un cambio político histórico con el BNG al frente. Allí, el PP había ostentado el bastón de mano sin interrupción desde que su predecesor, Alianza Popular, lo consiguiera por primera vez en 1987.

Cuatro años antes, en 2019, las convulsiones internas en la derecha local propiciaron el surgimiento del nuevo Partido Barbanza Independiente, liderado por un antiguo concejal popular, Vicente Mariño. Esta circunstancia, sumada al fuerte ascenso del BNG, permitió en 2023 un pacto entre el Bloque, el PBBI y el PSOE para elegir como alcalde al nacionalista Luís Pérez Barral y formar una coalición con 11 de los 21 ediles de la corporación que, con Mariño como 'número dos' y pese a su heterogeneidad, gobierna desde entonces sin mayores desencuentros.

Este contexto político es imprescindible para entender la controversia suscitada por la repentina renuncia de la Consellería de Política Social a construir en un terreno de Ribeira, donde llevaba casi cuatro años planificándolos y que se presentó como la primera residencia de su "nuevo modelo de cuidados" para la tercera edad, con 100 plazas y una inversión de unos 10 millones de euros. La parcela del lugar de Saíñas, cerca de la playa de Coroso, fue cedida a la Xunta por el Ayuntamiento, todavía con el PP al mando en noviembre de 2021, junto con los restos de la antigua discoteca Hesta Kurva, en cuya demolición el Gobierno gallego invirtió unos 300.000 euros en 2022.

Cuando la Xunta aceptó la cesión, la parcela ya se encontraba en un entorno potencialmente inundable en la cartografía del Ministerio para la Transición Ecológica. También figuraba así en los "mapas de peligrosidad y riesgo de inundación" de la confederación hidrográfica Galicia-Costa —dependiente de la Xunta— vigentes para el ciclo 2021-2027. Sin embargo, durante estos años, Política Social avanzó en diferentes trámites para la construcción de la residencia, desde la elección del diseño arquitectónico hasta la redacción de proyectos, la solicitud de licencias y la inclusión de partidas para las obras en sus presupuestos. Todo ello, entre elogios a su "privilegiada ubicación".

Pero ahora la conselleira de Política Social, antigua edil de los populares en Ribeira, alega que el proyecto podría entrar en conflicto con los planes que, a raíz de las inundaciones en la Comunitat Valenciana, está ultimando el Gobierno de España para endurecer las condiciones de construcción en terrenos con riesgo de inundación. La noticia la hizo pública la propia Fabiola García el 23 de mayo, cuando decidió acompañar a la titular de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, a una entrega de premios a escolares en el parque natural de Corrubedo, a pocos kilómetros de esta zona. 

Allí García anunció que acababa de remitir al ayuntamiento una "petición formal para una nueva ubicación para la construcción de la futura residencia ya que creo que todos somos conscientes y estamos muy pendientes de catástrofes naturales como la dana en Valencia". Lo concretó en una carta al alcalde, en la que dice que se ve "obligada" a "cambiar las previsiones" porque "después de la dana en la Comunitat Valenciana, el Gobierno central está modificando la normativa para restringir la construcción en zonas como la actual, que tiene riesgo de posibles inundaciones".

Política Social basa su decisión en que el Ministerio para la Transición Ecológica abrió el pasado abril una consulta pública previa —el primer paso para la elaboración de una futura normativa— en la que anunció su intención, tras las riadas valencianas y otros episodios similares, de "avanzar" en la "limitación de usos en zonas inundables". El "agravamiento" de las consecuencias de este tipo de episodios, señala el ministerio, hace necesario reformar normas como el Real Decreto que regula el dominio público en el entorno de los ríos desde 1986, que ya ha sido modificado en varias ocasiones.

Como corresponde a una consulta pública previa, Transición Ecológica no concretó en ese momento qué tipo de restricciones contempla. Pero la conselleira García dice "esperar" que el alcalde de Ribeira "comparta conmigo que la prevención ante posibles riesgos naturales y la seguridad de los usuarios deben ser una prioridad para cualquier administración pública". Es por ello que le reclama, "a la mayor brevedad posible, nuevas propuestas de parcelas municipales para construir la residencia".

El cambio sumió al gobierno local en un profundo estupor, tanto por las formas como en el fondo. El alcalde Pérez Barral, quien como edil del BNG en la oposición impulsó en 2021 la cesión del antiguo local de la discoteca para albergar la nueva residencia pública, subraya que los planos y la documentación técnica que Política Social proporcionó al Ayuntamiento "no muestran ningún riesgo de inundación" y además, señala, "esa misma parcela, en el visor de la demarcación de Galicia-Costa, se puede observar que no va a ser afectada por el agua durante al menos 500 años".

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"Desde mayo de 2024 a mayo de 2025, el Concello agilizó todos los trámites para poder albergar esta residencia pública" y "solo faltaba un informe de Augas de Galicia" que "podría ser favorable aplicando pequeñas medidas correctoras, como se hace en otros lugares con canales y cuencas fluviales". Así lo resaltó en el pleno municipal que, pocos días después de las declaraciones de Fabiola García, aprobó por unanimidad reclamar que la residencia se construya en Ribeira, además de impulsar un informe técnico sobre la viabilidad de la construcción "según la normativa vigente".

Porque el gobierno local tiene claro que "las normas que se aplican son las vigentes, no las posibles y futuras", señala Francisco Suárez-Puerta, segundo teniente de alcalde. Y el reglamento de 1986, según especifican fuentes municipales a Praza.gal, permitiría que el proyecto de la residencia en As Saíñas siguiera adelante, ya que la parcela se considera suelo urbanizado y la normativa "permite la construcción de nuevas edificaciones" teniendo en cuenta ciertas precauciones aplicables a este terreno, más aún con el proyecto arquitectónico que tramitaba la propia Xunta.

Mientras esperan conocer todos los "informes" en los que Política Social basa su nueva postura, en el gobierno de Ribeira no faltan voces que no pueden evitar considerar que la actitud de la Xunta sería diferente si las elecciones municipales de 2023 no implicasen para el PP perder su gran feudo en O Barbanza. La comarca en su conjunto, teórica destinataria de los servicios de la nueva residencia, pasó de la hegemonía de la derecha de décadas pasadas a un panorama actual con pleno de gobiernos progresistas en Rianxo, Boiro, A Pobra y la propia Ribeira. La Consellería, no obstante, asegura mantener el "firme compromiso de construir en el Concello de Ribeira una residencia pública para garantizar la atención residencial a las personas mayores del municipio y de la comarca".