XUNTA DE GALICIA

La Xunta oculta al Parlamento por qué compró 10 coches de alta gama y cuántas multas de velocidad recibe

Fotomontaje con Alfonso Rueda y José Manuel Baltar.

En enero Praza.gal reveló que la Xunta de Galicia acababa de comprar diez nuevos coches de alta gama por medio millón de euros sólo tres años después de la última renovación de sus vehículos de representación, los que usan los miembros del Gobierno gallego. Estos vehículos de combustión se suman a los trece híbridos que ya existían y de los que de momento no se va a prescindir, por lo que el Ejecutivo gallego dispone de 23 vehículos de representación para las 13 personas que lo integran.

Ante esta compra, el BNG formuló varias preguntas en el Parlamento de Galicia que trasladó a la Xunta, preguntas que el Gobierno gallego elude responder a la Cámara limitándose a justificar que los nuevos coches son "un número ínfimo en relación con la totalidad de vehículos del parque móvil de la Xunta". Entre las cuestiones que no contesta está la de cuántas multas por exceso de velocidad reciben los coches del presidente y los consejeros, pregunta formulada a los tres días de que José Manuel Baltar fuese condenado por circular a 215 km/hora al volante de un coche de la Deputación de Ourense.

La Xunta cuenta desde 2022 con un DS-9 y doce DS-7, todos híbridos, obtenidos mediante leasing. Pero hace unos meses decidió adquirir en propiedad diez Skoda Superb L&K: dos de gasolina de 266 CV y ocho diésel de 194 CV. Unos vehículos que la marca checa presenta como "un coche lujosamente equipado". 

El Gobierno gallego justificó la adquisición indicando que los nuevos Skoda, berlinas con la carrocería más baja, son más estables que los DS-7 tipo SUV, que provocaban quejas entre sus usuarios por su incomodidad. "Fueron una mala elección", llegaron a afirmar a Praza varias fuentes de la Xunta, pero de momento su leasing sigue activo y no se va a prescindir de ellos.

Cuando Praza.gal reveló la compra de los nuevos coches, fuentes oficiales del Gobierno gallego explicaron que los anteriores SUV van a seguir siendo empleados por algún consejero y en otros cometidos, que se eligió adquisición y no leasing porque ahora esa opción supone mejores condiciones económicas, que los nuevos coches son más seguros y estables o que son más rentables en cuanto al consumo de combustible que otros modelos empleados antes. Sin embargo, nada de esto se ha explicado al Parlamento de Galicia.

A raíz de esta publicación, el BNG lanzó en el Parlamento varias preguntas: por qué se abandonaba la tecnología híbrida en los coches de los consejeros, cuántos kilómetros hacen esos coches, cuál es el consumo de los DS-7 y cuánto se prevé que consuman los nuevos Skoda Superb o cuál es el modelo de movilidad de la Xunta.

Todas fueron formuladas sólo tres días después de que el 27 de enero José Manuel Baltar fuera condenado por el Tribunal Supremo por circular a 215 km/h al volante de un coche oficial de la Deputación de Ourense. Así que, entre ellas, también había una que preguntaba "cuántas multas [constan] por exceso de velocidad de los vehículos asignados al Gobierno gallego".

Pero ninguna de las cuestiones trasladadas por los parlamentarios a la Xunta tienen respuesta. En la contestación del Gobierno gallego, firmada por la directora general de Relaciones Institucionales y Parlamentarias, Sandra Vázquez, la Xunta se limita a decir que "continúa apostando por vehículos que cuentan con un menor consumo de combustibles fósiles, con un menor gasto de mantenimiento y con unos menores niveles de emisión de gases y partículas contaminantes", con la prioridad de adquirir vehículos de etiqueta ECO o Cero "siempre que sean compatibles con el uso al que están destinados".

"Con todo, continúa siendo necesario contar con vehículos de combustibles fósiles", añade, pero matizando que "suponen un número ínfimo en relación con la totalidad de vehículos del parque móvil de la Xunta".

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Tras la campaña de 2009 de Feijóo contra el "lujo" del anterior Gobierno de coalición, el tripartito, los Ejecutivos populares han argumentado que con sus políticas con el parque móvil de la Xunta las arcas públicas lograron "un ahorro superior a 26 millones de euros". Sin embargo, en 2020 el Consello de Contas afirmó no ser quién para "verificar, de forma precisa" cuánto ahorró la Xunta en vehículos oficiales en ese tiempo.

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Lee aquí el artículo original en gallego.

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