La versión oficial de la Generalitat Valenciana se desmorona con la misma rapidez con la que avanza la investigación por la muerte de más de dos centenares de personas durante la dana que arrasó en octubre el oeste y sur de València. Tanto la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas como el Ejecutivo de Carlos Mazón han buscado desde el primer momento trasladar el peso de las decisiones tomadas aquella fatídica jornada sobre los técnicos. Pero si algo han dejado claro las testificales judiciales de los expertos es que el envío del mensaje de alerta ni estaba solo en manos de los especialistas ni se remitió tan rápido como se pudo a la población. Algo que apuntala la inactividad de la Generalitat.
Pradas declaró como investigada en el Juzgado de Instrucción nº3 de Catarroja. Lo hizo a comienzos de abril. Y lejos de disparar hacia arriba en el organigrama, su comparecencia fue un salvavidas para Mazón. La exconsellera de Justicia e Interior afirmó que era ella quien representaba a la Generalitat en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y que, por tanto, no se esperó al president "para tomar una decisión o alguna medida". Además, sostuvo que ella ignoraba todo lo que tenía que ver con las emergencias, colocando sobre los técnicos el peso de las decisiones operativas. "Iba haciendo lo que los técnicos proponían", aseveró ante la jueza instructora.
Una versión que se ha ido desmoronando con el testimonio prestado por los distintos especialistas que participaron en la preparación y lanzamiento del Es-Alert. Uno de ellos relató en sede judicial que empezaron a trabajar en un primer mensaje cuando se les comunicó el posible colapso de la presa de Forata, envío que acabó suspendiéndose. Luego, comenzó a prepararse una nueva alerta para toda la provincia. Pero la misma no podía lanzarse sin el visto bueno de la exconsellera, a la que los técnicos atribuyen un papel protagonista. "Pradas insistió en que no se enviara ningún texto sin su aprobación", explicó el testigo, según fuentes presentes en el interrogatorio.
El mensaje de alerta llegó a los teléfonos de la población a las 20.11 horas, cuando el agua ya lo había devorado todo y las víctimas habían fallecido. En su declaración como investigada, la exconsellera negó que el aviso hubiera sido "tardío y erróneo". Sostuvo que el envío se empezó a valorar a eso de las 19.00 horas. Y que desde la introducción hasta el envío del texto apenas se demoraron media hora. Pero otro de los técnicos que han testificado ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra ha asegurado que ellos ya estaban preparados para el Es-Alert a las 18.36 horas, hora y treinta y cinco minutos antes de que finalmente se lanzara el aviso masivo a la población. Sin embargo, no volvió a saber nada hasta las 19.57 horas.
Poco antes de que el subdirector de Emergencias informase al técnico que se estaba valorando el envío de los mensajes, Pradas habló por teléfono en varias ocasiones con Mazón, según consta en el listado de llamadas que la exconsellera hizo llegar a la instructora de la causa de la dana. Durante siete minutos a las 18.16 horas. Cuarenta y tres segundos a las 18.25 horas. Y otros treinta y tres segundos a las 18.30 horas. A partir de ahí, y durante casi una hora y cuarto, el jefe del consell no vuelve a coger el teléfono. A las 19.43 horas hablan cuarenta y ocho segundos. Y a las 20.10 horas, en pleno proceso de envío del Es-Alert, conversan durante un minuto.
"Grosera negligencia"
La jueza de la dana atribuye una "grosera negligencia" a la exconsellera Pradas tras la declaración de un técnico
Las declaraciones de los técnicos vienen a apuntalar la "gravísima inactividad" de la Administración valenciana. Y ponen en una situación delicada a la exconsellera. En una de sus últimas resoluciones, la instructora hablaba de una "grosera negligencia" por parte de los investigados. "En todo momento hubo un control de la decisión de mandar la alerta a la población por parte de Pradas", aseveraba la jueza de Catarroja. Y rechazaba que el Cecopi fuera, como hubiera dicho en el pasado, "una burbuja aislada del mundo exterior". "Los miembros no estaban aislados del mundo exterior, manejaban teléfonos, entraban y salían de la sala, se comunicaban con otras autoridades", deslizaba la resolución.
El president de la Generalitat no está, por el momento, entre los investigados, lo que explica, por ejemplo, que la instructora se haya negado a tomar declaración como testigo a la periodista que comió con él en El Ventorro el día de la dana. Al estar aforado, su comparecencia como querellado ante la jueza de Catarroja solo podría llevarse a cabo de forma voluntaria, algo que él ha rechazado. La magistrada, sin embargo, no cierra la puerta a elevar exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) si agotada la instrucción existieran "indicios sólidos" de la participación de Mazón en los hechos.
Las testificales de técnicos y peritos, por el momento, apuntalan la supuesta "negligencia" de la Administración valenciana. Pero habrá que ver si la misma escala hasta el president conservador. Por el momento, los investigados han protegido en sus declaraciones al jefe. Pero aún queda pendiente una testifical que puede acabar devolviendo a Mazón al centro de la investigación. Es la del presidente de la Diputación de València, Vicente Mompó, que tuvo que suspenderse como consecuencia del apagón. El pasado mes de diciembre, en una entrevista en Salvados, este testigo privilegiado situó al líder del Ejecutivo en las conversaciones sobre la elaboración y envío del mensaje de alerta a la población. Una versión que, de mantenerse ante la instructora, complicaría el futuro judicial de Mazón.
La versión oficial de la Generalitat Valenciana se desmorona con la misma rapidez con la que avanza la investigación por la muerte de más de dos centenares de personas durante la dana que arrasó en octubre el oeste y sur de València. Tanto la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas como el Ejecutivo de Carlos Mazón han buscado desde el primer momento trasladar el peso de las decisiones tomadas aquella fatídica jornada sobre los técnicos. Pero si algo han dejado claro las testificales judiciales de los expertos es que el envío del mensaje de alerta ni estaba solo en manos de los especialistas ni se remitió tan rápido como se pudo a la población. Algo que apuntala la inactividad de la Generalitat.