La jueza procesa al novio de Ayuso por fraude fiscal y falsedad documental

La titular del Juzgado de Instrucción nº19 de Madrid, María Inmaculada Iglesias, coloca a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al borde del banquillo. La magistrada ha procesado al empresario Alberto González Amador por dos delitos contra la Hacienda Pública en concurso medial con falsedad en documento mercantil. Además de contra él, el auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado –así se conoce formalmente el trámite– se dirige contra otras cuatro personas y una decena de sociedades que habrían participado en el supuesto fraude fiscal de 350.951 euros. Sin embargo, la instructora ha decidido archivar la causa para Javier Gómez Fidalgo, el fiscalista del novio de Díaz Ayuso.

La causa contra el empresario se abrió en marzo de 2024, tras una inspección de Hacienda que culminó con un informe de delito en el que se alertaba de irregularidades relacionadas con el Impuesto de Sociedades correspondiente a los años 2020 y 2021. Tras esto, la Fiscalía, con la que el abogado de González Amador abrió una vía de diálogo en busca de una conformidad, interpuso una querella. Y se abrió una investigación que ha terminado derivando, además, en la apertura de una pieza separada en la que se investiga si la compra de una sociedad a la mujer de un directivo de Quirón por 499.836 euros ocultaba una comisión encubierta, que se mantiene viva.

El procesamiento dictado este miércoles es sobre la pieza principal, la que gira alrededor del fraude fiscal. En el auto, la magistrada apunta que con "la finalidad" de reducir la tributación por el Impuesto de Sociedades, el empresario "se dedujo indebidamente gastos" en virtud de una serie de facturas giradas "que no se corresponden con los servicios prestados". "De los citados informes se deduce que Maxwell Cremona –sociedad de González Amador– se dedujo gastos ficticios al amparo de facturas que se reputan falsas puesto que, en esencia, no se han producido las operaciones comerciales referidas en los conceptos facturados", completa.

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Por un lado, en el ejercicio de 2020, en el que hizo negocio con la compraventa de material sanitario, se dedujo una factura por importe de 620.000 euros emitida por la sociedad mexicana MKE Manufacturing SA. Pero la inspección comprobó que la misma ni constaba pagada ni figuraba como pendiente de pago. Al final, Maxwell acabó reconociendo que no se abonó dicha factura y que los servicios que figuraban en contrato tampoco fueron prestados por esta sociedad. Y procedió, cuando ya se encontraba inmerso en la inspección, a anular el recibo.

Del mismo modo, la instructora pone sobre la mesa la deducción irregular de otras catorce facturas en 2021, siendo la más abultada una de 922.585,63 euros emitida por la sociedad costarricense Gayani Ltd. Además, y con la "finalidad de reducir su tributación" ese mismo ejercicio, Maxwell facturó alguno de sus servicios a su principal cliente –Quirón Prevención– a través de otra sociedad bajo su control: Masterman & Whitaker SL –precisamente, la que compró a la mujer de un alto directivo del gigante sanitario–.

"Esta empresa carecía de medios materiales para prestar los servicios, los cuales fueron prestados por Maxwell, cuya finalidad era un ahorro fiscal al trasladar parte de la actividad de una sociedad vinculada con él y con ello generar bases imponibles negativas en Masterman a compensar en el futuro con los beneficios que aquella pudiera obtener", completa la resolución judicial. Con esta conducta, las arcas públicas dejaron de ingresar, en total, 155.000 euros en 2020 y 195.951,41 euros en 2021.