Pedraz cita como investigado al policía salpicado por el falso caso de narcotráfico contra Podemos

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha citado a declarar como investigado en la causa por la guerra sucia contra Podemos a un inspector de la Policía Nacional que buscó datos sobre el exlíder del partido Pablo Iglesias en el marco de un falso caso de narcotráfico que se impulsó contra la formación morada coincidiendo con su irrupción en las instituciones, según ha adelantado elDiario.es y ha confirmado este diario. Una investigación secreta, cuyos detalles desveló infoLibre el pasado mes de diciembre, en la que se llegaron a realizar labores de vigilancia y se indagó en la economía del exeurodiputado Miguel Urbán, al que situaban al frente de una rocambolesca historia de tráfico de 40 kilogramos de cocaína.

La existencia de la llamada Operación Cardenal salió a la luz a finales de octubre, después de que Pedraz pidiese a la Policía justificación de los cientos de búsquedas que sus agentes hicieron sobre miembros de Podemos en bases de datos policiales. Fue entonces cuando el agente imputado remitió una nota en la que explicaba que en el momento de su incorporación a la Brigada Central de Estupefacientes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Comisaría General de Policía Judicial se estaba llevando a cabo una "investigación secreta" sobre un supuesto "grupo organizado" que "traficaba con grandes cantidades de droga". Y que en la misma había salido el nombre de Urbán, por lo que realizó búsquedas también sobre Iglesias.

Ese escrito dejaba caer que había sido la Fiscalía Antidroga quien identificó "plenamente" al europarlamentario en las pesquisas por narcotráfico. Pero lo cierto es que no fue así. Quien puso ese nombre sobre la mesa fue, en realidad, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco). Todo comenzó, según reveló este periódico, el 22 de enero de 2016, cuando el entonces director del Citco, José Luis Olivera –que se tendrá que sentar en el banquillo de los acusados por el espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas y que era una de las personas de confianza del comisario jubilado Villarejo–, envió una nota informativa reservada a la Fiscalía en la que se recogía que Urbán habría intercambiado en un pub 40 kilogramos de cocaína por dinero, al tiempo que dejaba caer que la droga venía de Venezuela y que podía servir para financiar los gastos de campaña de la formación política.

Un pub que OIivera vinculaba con la extrema izquierda

Aquella nota fue la que llevó a José Ramón Noreña, por aquel entonces fiscal jefe de Antidroga, a incoar las diligencias de investigación 4/2016, que declaró secretas. Lo hizo apenas tres días después, mediante un escrito en el que encargaba a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional la realización de las pesquisas alrededor de una información que el propio Olivera se encargó de ir completando con el envío de más notas. Documentos adicionales en los que, por ejemplo, se identificaba el pub donde habían tenido lugar los hechos y se destacaba su vinculación con la extrema izquierda.

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La investigación se prolongó durante seis meses. Un periodo en el cual la Udyco llegó a realizar labores de vigilancia sobre el establecimiento. Y en el que, además, se llegó a indagar en la economía del entonces eurodiputado. Algo que se hizo a instancias de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, que en un escrito remitido al fiscal sostenía que Urbán tenía gastos superiores a sus ingresos, insinuando la existencia de una vía de financiación no declarada, y ponía de relieve, además, una serie de donaciones pequeñas hechas tanto al partido como a una asociación, algo habitual en la formación morada desde su nacimiento.

Pero al final no había absolutamente nada. Ni blanqueo de capitales, ni tráfico de drogas, ni financiación ilegal. La investigación abierta de forma secreta contra Urbán e, indirectamente, contra un Podemos que acababa de echar a caminar acabó metida en un cajón. En julio, la Fiscalía Antidroga decretó el archivo de las diligencias al no haberse podido acreditar, ni siquiera indiciariamente, la existencia del delito del que se acusaba al entonces eurodiputado.

Pedraz, en su providencia, cita a declarar como investigado al inspector de la Policía el próximo 3 de julio. Lo que busca con la comparecencia es "valorar" si "está o no justificado pedir información" de Iglesias "por el hecho que otra persona del mismo partido estuviera investigada por una presunta transacción de sustancia estupefaciente". No obstante, el magistrado no considera "necesaria", en línea con el fiscal del caso, "la incorporación de mayor documentación al procedimiento", en referencia a la investigación que se desarrolló en su momento.