Se suspende la declaración de los imputados por muertes en residencias para aunar las causas
Los ex altos cargos del Gobierno de Ayuso que estaban citados el próximo martes 17 de junio en Leganés (Madrid) para declarar como investigados por las muertes en residencias ya no tendrán que acudir a la cita. La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la localidad ha decidido aceptar la petición del abogado de uno de los imputados, el exdirector de Coordinación Sociosanitaria Francisco Javier Martínez Peromingo, para inhibirse en favor de otro juzgado, el de Instrucción número 3 de Madrid, que ya estaba "investigando con anterioridad los mismos hechos". Es decir, si las decisiones que se tomaron en marzo y abril de 2020 pueden enmarcarse en un delito de denegación sanitaria por motivos discriminatorios contenido en el artículo 511 del Código Penal.
La causa de Leganés era la segunda que se abría por este motivo. Fue el Juzgado número 3 de Plaza Castilla el primero que decidió dar un paso inédito hasta el pasado mes de mayo: imputar a ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante lo peor de la pandemia. Lo hizo con Peromingo, con su antecesor en el cargo Carlos Mur y con Antonio Burgueño, autor del plan de choque que supuestamente incluía una medicalización de las residencias que jamás se produjo. Tan sólo una semana después era el de Leganés el que recogía el guante y tomaba la misma decisión, aunque intercambiando a Burgueño por Pablo Busca, entonces máximo responsable del Summa 112. Burgueño, en cualquier caso, fue entonces citado como testigo, aunque de su declaración la jueza entendió que podía derivarse una imputación que dejó en el aire.
Ahora todo dependerá de la jueza de Plaza Castilla, Isabel Durántez, en la que se ha inhibido la jueza de Leganés por ser la primera que decidió investigar ese supuesto delito de discriminación. Lo ha hecho, además de en este caso, en otros dos que hasta ahora no habían trascendido. El abogado de Peromingo, según han informado este jueves las organizaciones de familiares que presentaron la macrodenuncia de la que se han extraído estas causas, ya ha solicitado que todas las investigaciones, no sólo estas, se acumulen en una sola. Será Durántez la que decidirá si lo acepta.
En caso de que ocurriera, ni Marea de Residencias ni 7291 Verdad y Justicia se oponen, pero sí que piden a las autoridades "que pongan todos los medios necesarios a disposición del Juzgado para que pueda hacer justicia después de más de cinco años de espera". Carmen López, de la primera organización, no cree que haya sido esta una mala noticia, aunque suponga el aplazamiento de las declaraciones. María Jesús Valero, de la segunda, sí que se ha sorprendido, aunque tampoco cree que les perjudique. Siempre y cuando, insiste, el juzgado que se encargue de todo tenga suficientes medios.
Dos declaraciones de imputados suspensas
La del martes 17 de junio iba a ser la segunda citación de imputados por un supuesto delito de discriminación sanitaria cometida con los mayores residentes de geriátricos de la Comunidad de Madrid. La primera tuvo lugar en Plaza Castilla el 26 de mayo y a ella acudieron Mur, Peromingo y Burgueño. Sin embargo, ninguno de los tres llegó a pronunciarse. Sus defensas alegaron no haber conocido con suficiente antelación la totalidad del expediente y eso les impidió, argumentaron entonces, preparar su defensa. Así que se suspendió sine die y todavía, de hecho, no hay otra fecha prevista.
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Esta causa se abrió después de que la Fiscalía Provincial de Madrid pidiera reactivar un caso archivado provisionalmente hace casi tres años y se enmarcó, además, en la macrodenuncia que los familiares presentaron el pasado mes de octubre ante la fiscal superior Almudena Lastra por un delito que hasta entonces no se había puesto sobre la mesa. En el documento en el que lo hicieron, de más de 160 páginas y firmado por 109 familias representantes de 115 residentes —111 de los cuales murieron entre marzo y abril—, se ponía en el punto de mira, precisamente, a las cuatro personas que hasta ahora han sido imputadas, es decir, a Mur, a Peromingo, a Busca y a Burgueño, además de a los geriatras de enlace responsables de aplicar los protocolos en los 25 hospitales públicos de Madrid.
La causa de Leganés, aunque apunta a la supuesta comisión del mismo delito, a las mismas personas y con los mismos argumentos, se abrió sin embargo tras la querella de dos víctimas directamente ante el juzgado.
En total, y según informaron las dos organizaciones de familiares, hay 92 procedimientos relacionados con denuncias por este delito. La gran mayoría proceden de la macrodenuncia y cinco, incluyendo este de Leganés, de cinco querellas presentadas de forma independiente para evitar una prescripción que, en muchos casos, era inminente. Como desveló infoLibre, 7291 mayores de residencias fallecieron entre marzo y abril de 2020 sin recibir asistencia sanitaria. Ni dentro ni fuera del centro.
