El juez procesa al fiscal general del Estado por la filtración del correo del novio de Ayuso
El Tribunal Supremo deja al borde del banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por revelación de secretos en la causa abierta por la filtración del correo electrónico en el que el abogado de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, buscaba un pacto con la Fiscalía y reconocía la comisión de dos delitos de fraude fiscal por parte del empresario. Pese a no tener elementos de peso que le señalen directamente, el instructor, Ángel Hurtado, considera que hay suficiente material indiciario como para presumir la participación del jefe del Ministerio Público y su subordinada en la filtración. E, incluso, llega a situar sin ninguna prueba al Ejecutivo central detrás de ese movimiento.
El magistrado comienza su relato señalando que García Ortiz actuó siguiendo "indicaciones recibidas" de Presidencia del Gobierno. Y lo hizo a raíz de la información del diario El Mundo que señalaba que el Ministerio Público estaba ofreciendo un acuerdo a González Amador. "Con la finalidad de ganar el relato a esa información, sobre una cuestión de tan escasa relevancia como de quién había surgido la iniciativa, entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones [...] para preparar una respuesta, y dejar bien claro que, a juicio del investigado, la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto de tal tipo", recoge el juez.
El auto hace un breve repaso cronológico de lo sucedido las últimas horas del 13 de marzo de 2024. Aquella noche, tal y como consta en las comunicaciones intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el móvil de Rodríguez, la fiscal jefa provincial se puso en contacto con el fiscal del caso, Julián Salto, para solicitarle los mails cruzados con el abogado de González Amador porque iban a hacer una nota para desmentir el bulo que estaba moviendo desde la Puerta del Sol el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. En concreto, el que señalaba que era la Fiscalía quien buscaba un acuerdo con González Amador.
Una vez recibidos los correos, entre los que se encontraba el que acabó filtrándose a los medios, la fiscal jefa provincial se los remitió a García Ortiz, algo que también está perfectamente probado. Pero a partir de ahí, el magistrado deduce: "La finalidad de solicitar la remisión de dichos correos [...] era ka de reenviarlos inmediatamente al correo electrónico de García Ortiz, pero no al oficial, sino al particular [...] para a continuación, aquél, de acuerdo con la colaboración que ésta le prestó, acabar facilitándolo a un medio, como la Cadena Ser, para que le diera publicidad, conscientes ambos de que revelaría el confidencial contenido de ese correo".
El magistrado también recuerda que a primera hora del día siguiente, antes de que hubiera sido publicado íntegramente en El Plural, Pilar Sánchez Acera, entonces mano derecha del director de Gabinete del presidente del Gobierno, remitió ese mismo mail a Juan Lobato, entonces portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, para que lo utilizase en la batalla política. Un correo que, insiste Hurtado, "contenía información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano".
Información sensible, continúa la resolución, sujeta "a los criterios de reserva y confidencialidad" que deben presidir las "conversaciones privadas" entre un letrado y un fiscal. "No es tolerable divulgación alguna a terceros sin autorización del interesado, cuya reputación bien pudiera verse perjudicada por esa revelación", resalta el instructor.
Además, asevera que la filtración "pone en cuestión el prestigio" del Ministerio Público, sujeto a unos principios como el de "legalidad e imparcialidad" que "pueden quedar en entredicho" en la medida que su actuación se vea "comprometida por indicaciones externas", y tiene "indudables efectos perjudiciales en el fundamental derecho de defensa del afectado".
"Todo ello fue asumido por los investigados, desde el momento que, a una información confidencial de la que tuvieron conocimiento por razón de sus respectivos cargos como fiscales, le dan una publicidad que no debió alcanzar, como alcanzó, al salir del ámbito de reserva para el que fuera concebida", completa Hurtado.
En su auto, el juez da traslado de lo actuado a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación o pidiendo el sobreseimiento de la causa, o excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias. A pesar del auto de procesamiento, fuentes cercanas a García Ortiz aseguran que no dimitirá.
