Los fiscales celebran la reforma que blinda su independencia pero piden presupuesto propio

Año tras año, la Memoria de la Fiscalía, repite el mismo mantra. La autonomía del Ministerio Fiscal no será plena hasta que, como el Consejo General del Poder Judicial, cuente con presupuesto propio. El Ministerio Público acogió este martes la reforma del estatuto que blinda su independencia funcional del Gobierno como el logro de una reclamación histórica. Pero esa independencia, recuerdan desde la institución, no será total mientras la institución tenga que seguir reclamando fondos para su ejercer su actividad al Ministerio de Presidencia y Justicia. "El Ministerio Fiscal es el único órgano constitucional (o de relevancia constitucional) que carece de autonomía presupuestaria sin que exista motivo alguno para que no le sea reconocida", afirma la Memoria de 2024, que recuerda que el organismo, según el artículo 124 de la Constitución, "es parte integrante del Poder Judicial ejerciendo sus funciones con autonomía".

La reforma que desvincula el mandato del fiscal general del Gobierno que lo nombró estableciendo su duración en cinco años es un gran avance reclamado desde hace décadas por el Ministerio Público. También el veto a que el Ejecutivo pueda dar órdenes al máximo responsable de la Fiscalía u ordenarle comparecer ante el Consejo de Ministros para informar. O el nombramiento de los principales cargos, ascensos y régimen disciplinario, que pasa ahora del Ejecutivo al fiscal general. El objetivo es reforzar la independencia de la institución justo ahora que, como en la mayoría de países europeos, va a asumir la instrucción de los delitos que todavía está en manos de los jueces. Pero fuentes de Fiscalía recuerdan que una independencia e imparcialidad similar a la de los jueces no existirá sin autonomía presupuestaria, algo que sí tiene el Consejo General del Poder Judicial.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado aseguraron este martes que la reforma aprobada en el Consejo de Ministros contiene medidas "muy positivas", encaminadas a consolidar la independencia de la institución y responder a las "reiteradas recomendaciones" de la Comisión Europea y el Grupo de Estados Contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa. "Esperamos que entre en vigor cuanto antes porque algunas de las medidas propuestas son muy necesarias a día de hoy sin esperar a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", la que dará la instrucción a los fiscales, aseguran esas mismas fuentes de la cúpula de la fiscalía, según informa Europa Press. La única pega al anteproyecto es que no contenga "ninguna mención a la autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal", según la fiscalía general.

Pero es que, además, la independencia financiera del Ministerio Fiscal también forma parte de las recomendaciones del Greco. En el último informe de cumplimiento de la cuarta ronda de evaluación del ese organismo, publicada el pasado 16 de abril, se recordaba que la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, además de las medidas aprobadas este martes en el Consejo de Ministros, debía introducir cambios en la "autonomía presupuestaria" y en la de "formación". Esta última, que en el caso de los jueces tiene como principal actor a la Escuela Judicial, cuya financiación depende del CGPJ, en el caso de los fiscales depende del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), cuyos fondos proceden del Ministerio de Justicia.

Lo que el Greco recomienda es la existencia "bien de un presupuesto aparte para la Fiscalía", como tiene el CGPJ, o que ese presupuesto "esté cubierto por una partida separada en caso de que siguiera siendo parte del presupuesto del Ministerio de Justicia". El Ministerio Público, según el organismo del Consejo de Europa, "debería saber cuánto dinero se destina" a la institución y "debería poder elegir cómo gastar el dinero asignado". En cuanto a la "autonomía de formación", el Greco recordaba que tanto el presupuesto como los programas del CEJ los establece el Gobierno previa consulta a la Fiscalía, lo que considera que se debe corregir: "La formación de fiscales debería estar controlada principalmente por los mismos fiscales", recomendaba.

La falta de autonomía financiera de la Fiscalía afecta a temas tan usuales como pueden ser los viajes. A diferencia de los jueces, cuyos desplazamientos, una vez aprobados por el Consejo, los paga su propio órgano de gobierno con cargo a sus presupuestos, los fiscales tienen que reclamar los fondos del Gobierno, que es quien los sufraga. "Cuando sean los fiscales los que instruyan los casos, el hecho de que sus gastos relacionados con la investigación los tenga que abonar el ministerio puede afectar a su apariencia de imparcialidad. Sobre todo en si entre los acusados hay alguno de sus miembros o están en juego intereses que le puedan afectar", afirma un fiscal con muchos años de experiencia.

Desde las asociaciones ponen el acento, más que en los gastos diarios que pueda suponer la investigación de cada caso -que dependiendo del territorio dependerán en gran parte del ministerio o de la comunidad autónoma correspondiente en caso de que tenga transferidas las competencias de justicia-, en la propia Fiscalía General. "Es la Fiscalía la que mejor va a identificar sus necesidades concretas y la que tiene que decidir donde va el dinero. Pensemos por ejemplo en una nueva herramienta informática o en necesidades de formación. Es necesario que sea el propio órgano el que decida sin tener que pedir permiso al Gobierno para que pueda actuar con plena independencia. Somos los fiscales los que mejor conocemos cuáles son nuestras prioridades", explican desde la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

"La defensa de la autonomía presupuestaria y de la autonomía formativa son asignaturas pendientes de esta ley y complementos imprescindibles e irrenunciables para los fiscales", ha sostenido este martes el presidente de la asociación progresista, Félix Martín, que, sin embargo califica la reforma de "momento histórico" para el Ministerio Público en el que se van a poner "negro sobre blanco" reivindicaciones de todo el colectivo. "Pero sin la atribución de estas dos dimensiones no habrá verdadera y plena autonomía", añade. La conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales, sin embargo, consideró que la reforma es "poco ambiciosa" y refuerza "mucho" el poder del fiscal general del Estado.