La derecha judicial desautoriza a sus diez vocales del CGPJ por avalar una reforma del Gobierno

El éxito de un movimiento de protesta articulado a través de un grupo de WhatsApp que ha congregado a más de 1.000 jueces (casi el 20% de los 5.500 que hay en España) ha llevado a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en el cuerpo y de ideología conservadora, a desautorizar a los diez vocales del Consejo General del Poder Judicial nombrados a propuesta del PP, de los que ocho pertenecen a ese colectivo. El órgano de gobierno de los jueces aprobó por unanimidad el pasado 19 de marzo un informe que avalaba la reforma del sistema de acceso a la judicatura y la fiscalía impulsada por el Gobierno proponiendo una serie de mejoras para su tramitación posterior. La protesta surgida en la aplicación de mensajería contra ese proyecto de ley ha terminado arrastrando a todas las asociaciones de derechas, incluida la APM –la única con representación en el Consejo–, que al contrario que sus consejeros, reclama ya al Ejecutivo su retirada total.

La APM, junto a las también conservadoras Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) y la muy corporativa Foro Judicial Independiente (FJI), unidas a las asociaciones de fiscales conservadoras Asociación de Fiscales (AF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), emitieron el pasado viernes un comunicado en el que se sostenía que las medidas contenidas en la reforma eran "altamente perjudiciales por afectar gravemente a la independencia judicial (...), incrementando los riesgos de politización y debilitando los valores en los que se sustenta nuestro Estado de derecho". El comunicado no solo pedía al Gobierno que diera un paso atrás y frenara la tramitación del proyecto, que ya ha empezado su recorrido por el Congreso, sino que, aprovechando el tirón del chat reivindicativo de WhatsApp convocaban un paro de 10 minutos el próximo 11 de mayo.

El comunicado de la asociación ha causado desconcierto en parte del sector conservador del CGPJ. Sus diez miembros aprobaron por unanimidad, junto con los vocales a propuesta del PSOE y Sumar, un informe al anteproyecto previamente consensuado entre ambas sensibilidades que, en general, avalaba el contenido de la reforma. En el documento del órgano de gobierno de los jueces, de 125 páginas y que estudia el anteproyecto a fondo, no aparecía ningún indicio de que la nueva norma promovida por el Ejecutivo pudiera comportar un riesgo sistémico para el Estado de derecho o una supuesta involución democrática, al contrario de lo que sostiene el comunicado de las asociaciones de derechas. El documento sí que contiene una serie de propuestas a incluir en el texto durante el resto de su tramitación.

"En el conjunto del anteproyecto destacan ciertas innovaciones de calado y que pueden generar dudas sobre la falta de idoneidad de alguna de las medidas proyectadas", decía el estudio elaborado por el Consejo en tono constructivo. Entre sus conclusiones finales no había ninguna enmienda a la totalidad de la reforma ni se sostenía que su texto pudiera contener algún vicio de inconstitucionalidad. De hecho, el Gobierno ya ha incluido algunas de las sugerencias del documento en el texto y otras podrían entrar durante su tramitación parlamentaria en las Cámaras.

El comunicado del viernes suscrito por la APM, sin embargo, va mucho más allá. Las asociaciones firmantes se comprometen incluso a recurrir judicialmente la reforma "asumiendo los costes de forma conjunta". Se refieren, en concreto, al proceso que la ley prevé para permitir el ingreso en el cuerpo de los jueces sustitutos y magistrados suplentes que superen las correspondientes pruebas de acceso. Alrededor de 900 jueces se encuentran en esa situación y realizan la misma labor que los titulares de esas plazas mientras estos disfrutan de permisos, licencias o excedencias.

JJpD y UPF se desmarcan

De la marea suscitada por el grupo de WhatsApp se han desmarcado tanto Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) como la Unión Progresista de Fiscales (UPF). La primera ha recordado que el cambio del sistema de acceso supone "adaptar la selección judicial a las competencias requeridas en el siglo XXI". "Alegar que se pretende elegir juezas y jueces por su ideología carece de fundamento", sostiene JJpD en un comunicado hecho público este lunes. "Precisamente se tiende a lo contrario, especialmente cuando el proceso selectivo mantiene exámenes anonimizados (cosa que hoy no ocurre), objetivos y garantizados con medios tecnológicos para su posterior revisión. Todos estos están basados en el mérito y capacidad y reducen el margen de discrecionalidad y de potenciales errores por su constancia, favoreciendo el derecho de quienes aspiran a una corrección y a un control posterior".

La asociación judicial progresista sí introduce sus reclamaciones en su comunicado, pero valorando los avances que a su juicio aporta el texto. No están en contra de la regularización de los jueces sustitutos, por ejemplo, pero piden que solo puedan incorporarse al cuerpo tras diez años de ejercicio (en lugar de cinco, como establece la reforma) y que su entrada no comporte una reducción de las plazas ofertadas por el turno libre (la tradicional oposición) o por el llamado "cuarto turno" (que da acceso directo a la categoría de magistrado tras una prueba consistente en la elaboración de un dictamen y una baremación de méritos). "El proyecto debe incorporar un incremento sustancial de plazas en la judicatura y la fiscalía", defiende JJpD.

El giro de guión de la APM y del resto de asociaciones judiciales y fiscales conservadoras también carga contra una segunda reforma largamente demandada por los colectivos del Ministerio Público: el refuerzo de la autonomía del fiscal general a través de la desvinculación de su mandato de la duración del Gobiernovque lo nombró, el aumento de los contrapesos internos a las órdenes del máximo responsable de la Fiscalía y la transparencia total de sus relaciones con el Ejecutivo. Se trata de reclamaciones históricas de todo el colectivo (también de las asociaciones conservadoras), que además exigen la Comisión Europea y el Consejo de Europa y que son necesarias para que los fiscales asuman la instrucción de los delitos, que actualmente dirigen los jueces. Lo que hasta hace pocos meses se reclamaba con insistencia, se dibuja desde los colectivos conservadores como un ataque a la separación de poderes justo en el momento en el que el Gobierno lo pone en marcha.

El comunicado de JJpD de este lunes, precisamente, carga contra la crítica hiperbólica de la derecha judicial a cualquier reforma impulsada desde el Ejecutivo como un ataque a la independencia judicial y a la democracia. "La independencia judicial no es la sumisión a la voluntad corporativa", es decir, a la de las asociaciones, dice la nota. "Una reforma no es, por el mero hecho de modificar el estado de cosas, atentatoria de esta independencia judicial". "El proyecto no introduce elementos que comprometan la independencia judicial", sino que "muchas de sus medidas (...) refuerzan la profesionalidad, la transparencia y la estabilidad del poder judicial", prosigue. La independencia, en fin, "es una garantía para el ciudadano y no un comodín a usar diariamente para expresar el disgusto o rechazo a cualquier opción que se oponga a las preferencias de unos u otros".