El Constitucional aplaza el debate de la ley trans ante la falta de acuerdo

Las discrepancias entre los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) en torno a la ley trans, especialmente en la mayoría progresista, han hecho que el primer debate sobre esta norma haya acabado este miércoles sin acuerdo, de modo que el ponente cambiará algunos aspectos de su borrador antes de llevarlo de nuevo al pleno.
Como era previsible, no ha habido consenso entre los magistrados de la corte de garantías respecto al borrador elaborado por el progresista Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, que propone avalar los principales aspectos de la ley y declarar inconstitucionales dos infracciones disciplinarias, y que no se ha llegado a votar en el pleno.
Campo seguirá al frente de la ponencia que debe dar respuesta al recurso que el PP presentó contra la norma, si bien, según informan a EFE fuentes jurídicas, realizará algunas modificaciones que recojan las sensibilidades mostradas por sus compañeros en el pleno celebrado esta semana. Tras introducir esos cambios y reflexiones, el magistrado volverá a llevar la ponencia a próximos plenos para volver a debatirla, algo que las fuentes no ven inmediato, dado que lo que se pretende es alcanzar un consenso mayoritario.
Culmina así la primera deliberación sobre el recurso del partido de Alberto Núñez Feijóo contra la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, aprobada en 2023, que también fue recurrida ante el Constitucional por Vox.
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Las fuentes consultadas por EFE ya consideraban el martes, cuando comenzó el debate, que la primera aproximación sirvió para constatar las "importantes" diferencias que existen en torno a la norma, especialmente entre la mayoría progresista. En la mayoría progresista confluyen distintas sensibilidades y pensamientos feministas que discrepan de varios aspectos de la norma, algo que ya sucedió en la tramitación de la ley, que partió en dos al movimiento feminista.
Los puntos más conflictivos derivan de las definiciones sobre el sexo y el género y toda la polémica sobre los derechos de las personas trans e intersexuales.
El PP ve un disparate la actual normativa trans, que reconoce la voluntad de la persona como único requisito para cambiar de sexo en el registro a partir de los 16 años y que también Vox ha recurrido ante el Tribunal Constitucional. Advierten los populares sus consecuencias lesivas sobre todo en los menores, denuncian que la normativa puede ser un nuevo 'sí es sí' y señalan que hay países dando marcha atrás a este tipo de normativas que reconocen la autodeterminación de género.