Los medios españoles ocultan quiénes son sus dueños pese a que la UE les obliga a revelarlo

Todos los medios de comunicación que operan en España, los de ámbito estatal, pero también los autonómicos y locales, están obligados desde el pasado 8 de febrero a hacer público quiénes son sus dueños. Y no de cualquier manera, sino de forma visible y detallada. Les obliga el Reglamento de Libertad de medios de la Unión Europea, que entró en vigor parcialmente el pasado 8 de febrero sin que la mayoría de diarios, digitales, radios y televisiones se hayan dado por aludidos.

El reglamento europeo, que es de obligado cumplimiento y aplicación directa en este punto, no deja lugar a dudas. Su artículo 6 dice, literalmente, que los medios de comunicación están “obligados” a hacer “accesible, de forma sencilla y directa”, el “nombre o los nombres de sus titulares directos o indirectos, que posean paquetes accionariales que les permitan ejercer influencia sobre el funcionamiento y la toma de decisiones estratégicas, incluida la titularidad directa o indirecta estatal o por parte de una autoridad o entidad pública”. Es decir: los nombres de quiénes son sus dueños.

Pero no sólo eso. No basta con decir que un medio es propiedad de la compañía tal o de la sociedad limitada cual. El punto 6.1.c del reglamento europeo puntualiza que lo que deben revelar es “el nombre o los nombres de los titulares reales” del medio tal como se definen en una directiva de la UE de 2015 según la cual “titular real” es “la persona o personas físicas que, en última instancia, posean o controlen al cliente o la persona física en cuyo nombre se realiza una transacción”. O, en su caso, “la persona física o personas físicas que posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje suficiente de acciones o derechos de voto o participación en el capital de una entidad jurídica”. Entendiendo que una participación directa o indirecta del 25% o más se considera indicativa de propiedad o control.

Esto significa que todos los medios deben revelar públicamente quién controla o posee la empresa editorial o audiovisual, incluso si lo hacen mediante otras sociedades de propiedad indirecta. Ya no basta con publicar el nombre de la sociedad editora o del consejo de administración, como hacen la mayoría: tienen que identificar a la persona física que, en última instancia, ostenta el control o la propiedad efectiva.

Sociedades pantalla

Desde el 8 de febrero, no vale esconderse tras sociedades pantalla o estructuras en cascada. Si una empresa de medios pertenece a una SL que a su vez está controlada por una sociedad en Luxemburgo, el medio debe seguir el rastro hasta identificar y publicar quién es la persona física detrás de esa estructura.

La obligación establecida por el Reglamento de Libertad de Medios de la UE es de divulgación proactiva y accesible. Así que el medio debe publicar esa información de forma clara, sencilla, actualizada y accesible para cualquier usuario (por ejemplo, en su web, no oculta en informes financieros o documentos notariales).

Con esta disposición, lo que ha hecho la Unión Europea es armonizar el estándar del reglamento de medios con las reglas contra el blanqueo de capitales trasladando al sector mediático un principio ya habitual en banca y finanzas: dime quién está realmente detrás de la entidad, no solo la fachada jurídica detrás de la que se esconde.

El reglamento, que en su día mereció el respaldo en el Parlamento Europeo de todos los partidos españoles allí representados, con la única excepción de Vox, lo que busca es impedir que personas físicas con intereses políticos, económicos o ideológicos ocultos controlen medios sin que la ciudadanía lo sepa. Una norma de transparencia estructural que trata de preservar el pluralismo y la independencia informativa.

Además, también desde el 8 de febrero, todos los medios deben divulgar, de nuevo de manera clara, detallada y accesible, el importe total anual de fondos públicos destinados a publicidad estatal que se les ha asignado y el importe total anual de los ingresos de la publicidad recibidos de autoridades o entidades públicas de terceros países. Sin embargo, al igual que sucede con la propiedad, casi ninguno de ellos lo hace.

Algunos ejemplos

Veamos algunos ejemplos. El diario El País y la Cadena SER pertenecen al Grupo Prisa. Si alguien quiere averiguar en su web a quién pertenece Prisa debe navegar por su web corporativa hasta encontrar un enlace que conduce a la CNMV y entrar allí en un enlace a “Notificaciones de derechos de voto e instrumentos financieros”. En él aparece un listado de accionistas en el que figura, como principal propietario, Amber Capital UK LLP (29,56%). Y nada más. Imposible averiguar a través de El País quién está detrás de Amber Capital, una firma de gestión de inversiones registrada en Inglaterra y Gales. Se sabe que quien toma decisiones en su nombre es Joseph Oughourlian, pero no la identidad de sus principales inversores y, por tanto, cuáles son sus intereses. Exactamente el tipo de información que el reglamento europeo quiere que sea de dominio público.

Veamos una televisión, por ejemplo Antena 3 TV. Después de navegar y rebuscar entre cuatro enlaces diferentes, se llega a una página que muestra en un gráfico cuáles son los accionistas e inversores de Atresmedia Corporación, la empresa matriz de la emisora. En ella dice que el Grupo Pasa Cartera/Planeta de Agostini tiene el porcentaje mayoritario (41,7%). Y nada más. Si un usuario quiere saber algo más para desentrañar quiénes están detrás de esas denominaciones (los herederos del fundador de la editorial Planeta y la familia italiana Bortoli, con intereses en el sector de juego y las finanzas, entre otros) tiene que buscar en otra parte.

¿Cómo lo hace, por ejemplo, El Mundo? Este diario se limita a poner al pie de su página principal un enlace a la empresa matriz, Unidad Editorial, en la que no consta ni un solo dato ni sobre su propiedad ni sobre la publicidad institucional que recibe (el dueño del periódico, en última instancia, es el empresario italiano Urbano Cairo, con intereses declarados, entre otros, en el sector de la gestión publicitaria y control sobre numerosos medios de su país, como Il Corriere della Sera. Sin embargo, nada de eso aparece en la web del periódico que dirige Joaquín Manso.

Pongamos otro ejemplo, de muy distinto porte: la web ultra OkDiario, de Eduardo Inda. En su página sólo dice que la empresa matriz es Dos Mil Palabras SL, pero no dedica ninguna de ellas a explicar quién se esconde detrás de esa denominación. Ni mucho menos a dar cuenta del dinero público que recibe a través de publicidad institucional.

Un caso más: La Vanguardia enlaza con el Grupo Godó, que es su propietario. Hay un listado de los principales cargos, pero ni una referencia a que Javier Godó Muntañola, el presidente del grupo, posee el 90% de las acciones. Ni tampoco, por supuesto, a la publicidad institucional que nutre los ingresos del diario.

Abc, por ejemplo, igual que El País, enlaza a la CNMV previa búsqueda en la web corporativa de Vocento, el grupo mediático al que pertenece el periódico. Allí puede verse que el principal accionista del grupo es el gestor de inversiones Francisco García Paramés (15%), seguido de las sociedades Mezouna SA (11%) y Valjarafe SL (10,1%) y de Carmen Ybarra Careaga (9,8%), una marquesa que gestiona su patrimonio familiar invirtiendo en empresas de telecomunicaciones y energía, entre otras. Para conocer de quién dependen las dos sociedades mencionadas, hay que buscar en otro sitio (la familia Ybarra y la familia Luca de Tena, respectivamente).

El diario Público.es es también de los que no facilita información detallada en su web sobre su propietario o abre los fondos públicos que recibe. Lo único que hace constar es que lo edita Display Connectors SL, sin explicar a quién pertenece esta sociedad (hay que recurrir a otras fuentes para averiguar que detrás de ella están el productor y empresario Jaume Roures y su socio Tatxo Benet). Sobre la publicidad, se limita a decir que “el grueso” de sus “ingresos, un 95% aproximadamente, procede de la publicidad, ya sea convencional, programática, contenido patrocinado o institucional”, sin precisar el peso ni el origen de la que se paga con fondos públicos.

Lo mismo pasa con CanalRed, el medio fundado por el exvicepresidente Pablo Iglesias. En este caso, hay que leer el Aviso Legal para saber su propietartio es Agitprop Comunicación y Análisis Político SL, una sociedad sobre la que no explica quiénes son sus propietarios (se supone que tiene dependencia directa de Iglesias).

InfoLibre, entre los que cumplen

Entre los que más se acercan al modelo de transparencia que exige la Unión Europea están infoLibre, que anualmente detalla la composición de los principales accionistas de su empresa matriz, y elDiario.es, que también cada año publica la lista de sus principales accionistas. Ambos diarios dan cuenta, además, de la publicidad pagada con fondos públicos que reciben.

La entrada en vigor del reglamento europeo de libertad de medios empieza con mal pie

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La Marea, por su parte, también explica de manera exhaustiva quiénes son los integrantes de la cooperativa que la edita y de sus anunciantes. Lo mismo sucede con El Salto, otro diario de base cooperativa.

Cuando entre en vigor la futura ley de gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación, la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) tendrá que crear y gestionar un registro estatal de medios de comunicación. Todos los que tengan ámbito estatal deberán inscribirse en él y mantener actualizada información sobre su estructura de propiedad, así como de los ingresos públicos que reciben en concepto de publicidad institucional (se crearán además registros autonómicos, que estarán coordinados con el registro estatal, en los que se inscribirán los medios de comunicación de ámbito autonómico).

Será también la CNMC la única entidad con capacidad para denunciar, y en su caso, sancionar, a los medios que persistan en ocultar la identidad de sus principales propietarios o el detalle de los fondos públicos que reciban. Entretanto, el grueso del sector de medios de comunicación en España se salta la ley y mantiene su tradicional opacidad en relación con sus verdaderos dueños y la financiación pública que reciben.