Cooperación internacional: una política de paz
Un terremoto de magnitud 7.0 no podría haber causado mayor destrucción que la que ha provocado la decisión –ilegal– de la Administración Trump de desmantelar USAID, la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos.
En enero, a golpe de tweet, falsedades, acusaciones de wokismo y bajo la influencia del milmillonario Elon Musk, quien calificó a la agencia de “un nido de víboras marxistas de izquierda radical”, se anunció la suspensión y posteriormente la disolución de una de las principales fuentes de ayuda humanitaria mundial. Un hachazo de repercusiones planetarias.
Este acto, cargado de cinismo y crueldad, pone en jaque la vida de millones de personas, las más pobres y vulnerables del planeta. Con un presupuesto de 44 mil millones de dólares en 2024, USAID representaba casi el 30% del total de la ayuda internacional, siendo el mayor contribuyente mundial. Hasta hoy, sus recursos han financiado alimentos, atención médica o acceso a agua potable; han luchado contra enfermedades como el VIH, la polio, la tuberculosis o el ébola; además de apoyar iniciativas de desarrollo agrícola y económico o de reducir la violencia contra las mujeres y las niñas.
Tan solo 100 días después de que el Gobierno de Donald Trump congelara la ayuda exterior y anunciara recortes definitivos del 83%, las consecuencias catastróficas de los recortes son palpables en medio mundo.
Recortes mortales para millones de personas que a diario se enfrentan situaciones inimaginables, especialmente mujeres, niños y comunidades enteras en países como Yemen, Sudán, Siria o Gaza, golpeados por la guerra y la violencia. Se estima que, si esta política persiste, más de 3,3 millones de vidas podrían perderse antes de 2025 por la falta de vacunas, tratamientos y ayuda humanitaria esencial.
En Afganistán, nueve millones de personas se quedarán sin atención sanitaria, agravando los riesgos de epidemias como el cólera. En Burkina Faso, más de un millón de niños y niñas y 250.000 mujeres verán desaparecer los servicios de salud de los que dependen. Sudán del Sur sufrirá la suspensión del soporte básico a miles de personas desplazadas internamente. Mientras tanto, en Etiopía y Bangladesh, decenas de miles de personas, incluidas comunidades refugiadas Rohingya, perderán el acceso al agua potable. En todo el mundo 23 millones de niños se quedarán sin acceso a la educación.
Los impactos del embate de Trump se multiplican: 95 millones han perdido el acceso a atención médica básica. En 2024, Estados Unidos gastó aproximadamente 12.000 millones de dólares en salud mundial. Sin esta inversión anual, 25 millones de personas podrían morir en los próximos 15 años. Veremos más VIH y malaria por culpa de este tijeretazo debido al cierre de clínicas y a despidos masivos en países como Haití, Mozambique y Nigeria.
El hachazo no solo impacta en las necesidades más básicas e inmediatas: nos encaminamos hacia un mundo más inestable, desigual e inseguro
El hachazo no solo impacta en las necesidades más básicas e inmediatas: nos encaminamos hacia un mundo más inestable, desigual e inseguro, donde la ley del más fuerte se impone sin disimulo. Durante décadas, Estados Unidos ha sido un pilar en el financiamiento de instituciones y programas globales. Ahora, su decisión de abandonar esa responsabilidad debilita el sistema multilateral y fractura el orden internacional.
Las consecuencias son devastadoras. Pero (spoiler) lamentablemente nadie vendrá a cubrir este vacío. En los últimos meses, los gobiernos de Reino Unido, Bélgica y Francia también han anunciado recortes drásticos de sus presupuestos de cooperación internacional. Éstos siguen la corriente iniciada por gobiernos como el de Suiza, Suecia y o Países Bajos, que después de haber sido grandes donantes tradicionales, también cercenan inversiones.
En nombre de la seguridad nacional, muchos gobiernos están redirigiendo estos recursos hacia el gasto en defensa, una estrategia que, además de ser un descalabro moral, resulta ser un error estratégico. En España, vimos hace unas semanas cómo el Gobierno ha encontrado 10.500 millones extra para invertir en defensa, exactamente la cantidad que necesitaríamos para alcanzar el compromiso histórico del 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) destinado a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).
La verdadera seguridad no solo reside en el poder militar y las armas, sino en la estabilidad, la diplomacia, la democracia y el desarrollo sostenible. El multilateralismo y la defensa de derechos son las mejores políticas de paz y seguridad frente a un militarismo que amenaza la convivencia y acentúa las desigualdades en todo el planeta. En lugar de dar un paso al frente, los países ricos vuelven a incumplir sus compromisos históricos, justo cuando más necesario es redoblar esfuerzos políticos y financieros para enfrentar los desafíos globales. Los países empobrecidos volverán a ser los más perjudicados. Asfixiados por deudas eternas y atrapados en lógicas extractivistas, observan con preocupación cómo líderes ultraconservadores y movimientos extremistas socavan los espacios multilaterales y dinamitan los acuerdos basados en el derecho internacional, al tiempo que recortan sus fondos de cooperación.
Renunciar a la idea de que, como sociedad global, debemos seguir cooperando y colaborando es renunciar a la justicia social y a la dignidad de las personas, a la empatía, la solidaridad y el cuidado del planeta.
Muchos dirán que el modelo de cooperación actual adolecía de muchas debilidades, imposiciones y pedía a gritos una reforma. Y no están desencaminados. Aun así, la ayuda humanitaria y el desarrollo sostenible han aliviado sufrimiento, evitado conflictos, reducido flujos migratorios forzados y creado redes de solidaridad entre pueblos. Acabar con ella es abrir la puerta a la desestabilización y dispararse al pie.
Frente a la política trumpista del matonismo, defender a ultranza la cooperación es defender la democracia y el bienestar en todas partes. Hay demasiado en juego.
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Franc Cortada es director de Oxfam Intermón.
